Juan Carlos Álamo: Rondas campesinas deben respetar derechos humanos

Alcalde de Ayabaca recibe 12 latigazos por rondas campesinas tras reconocer falta de compromiso en su gobierno

El pasado 6 de noviembre, durante una asamblea regional en Piura, el alcalde de Ayabaca, Darwin Quinde, fue sometido a una agresión física por parte de miembros de las rondas campesinas, quienes le aplicaron doce latigazos. La acción ocurrió en un contexto en el que el mandatario admitió públicamente la falta de compromiso en su gestión y la necesidad de fortalecer su trabajo con las comunidades.

Contexto legal y opinión de expertos

El especialista en derecho electoral, Juan Carlos Álamo Castro, explicó que las rondas campesinas cumplen un rol reconocido por la Constitución peruana. Sin embargo, aclaró que su función es complementaria a la justicia ordinaria y no puede sustituirla. Según el artículo 149 de la Constitución, estas organizaciones tienen atribuciones para resolver conflictos internos dentro de sus comunidades, siempre que sus acciones se mantengan dentro del marco legal y no vulneren la dignidad ni la integridad de las personas.

Rechazo a los actos de violencia y recomendaciones

Álamo Castro señaló que la justicia comunal no puede convertirse en un espacio de castigo o humillación. “Debe operar bajo la ley”, afirmó. Además, criticó la difusión de estas agresiones en redes sociales, advirtiendo que exponer públicamente a una persona agrava la falta y atenta contra su honra.

Respecto al caso de Ayabaca, donde los ronderos de Hualcuy aplicaron azotes al alcalde Darwin Quinde, el jurista calificó el hecho como un abuso de autoridad que contraviene los principios del derecho. Aseguró que ningún argumento cultural o costumbre ancestral puede justificar la violencia.

“Los azotes y las humillaciones no son justicia, son agresiones”, enfatizó, resaltando que este tipo de actos distorsionan la verdadera finalidad de la justicia comunal. Recordó además que el Tribunal Constitucional ha sido enfático en que las rondas campesinas pueden participar en la resolución de conflictos, pero siempre sin vulnerar derechos fundamentales ni incurrir en actos que atenten contra la integridad física o moral de las personas.

Importancia de la coordinación institucional

Álamo Castro subrayó que una ronda que se politiza deja de ser útil para su comunidad. La colaboración con las autoridades judiciales, la Policía y los municipios es esencial para prevenir excesos y garantizar que la justicia comunal se aplique de manera adecuada.

Finalmente, afirmó que “la justicia comunal debe ser motivo de orgullo, no de vergüenza. Ninguna forma de violencia resuelve los problemas del pueblo. El camino correcto es la ley y la dignidad”.

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