Bolivia pide ayuda internacional para luchar contra cárteles transnacionales y anuncia regreso de la DEA

Nuevo viceministro de Defensa Social en Bolivia advierte sobre presencia de cárteles internacionales

El recientemente nombrado viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas en Bolivia, Ernesto Justiniano, alertó sobre la existencia de cárteles internacionales operando en el país. En una entrevista con el canal Unitel, Justiniano afirmó que Bolivia no puede enfrentarse solo al narcotráfico con recursos nacionales y que es fundamental buscar cooperación internacional para combatir el crimen organizado.

Asimismo, el funcionario subrayó la importancia de fortalecer la colaboración con otros países, pero dejando claro que la soberanía del Estado debe mantenerse intacta. La cooperación, según explicó, permitirá acceder a tecnología avanzada, informes de inteligencia y recursos adicionales necesarios para enfrentar eficazmente el problema del narcotráfico.

Reactivación de la DEA y desafíos en la política antidrogas

Justiniano confirmó que la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos volverá a tener presencia en Bolivia. Esta decisión fue discutida con Christopher Landau, subsecretario del Departamento de Estado de EE.UU., durante una visita oficial al país. El viceministro enfatizó que la cooperación internacional debe ser complementaria y no generar dependencia, preservando la soberanía boliviana.

El regreso de la DEA busca mejorar la tecnología, los informes de inteligencia y los recursos destinados a desmantelar las organizaciones criminales que operan en el país. Justiniano también señaló que, en cuanto a la política de erradicación de cultivos de coca, es necesario replantear las estrategias para identificar con mayor precisión la producción ilegal y reducir su derivación al narcotráfico.

El papel de la coca en Bolivia y la lucha contra el narcotráfico

En Bolivia, la hoja de coca tiene un valor cultural y económico importante, especialmente en regiones como los Yungas, en La Paz, y el Chapare, en Cochabamba. La producción legal de coca se destina a usos tradicionales, como el masticado, infusiones y rituales, prácticas extendidas en muchas comunidades.

No obstante, existe un volumen de producción que excede los límites permitidos por la ley y que se desvía al narcotráfico, generando debates sobre la regulación del cultivo. Datos de la Fuerza de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) muestran un aumento en las incautaciones de cocaína en los últimos años, con 66 toneladas confiscadas en 2024.

Los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), con Evo Morales y Luis Arce, han impulsado campañas internacionales para que la hoja de coca sea despenalizada y retirada de la lista de sustancias controladas por la Convención de 1961 de la ONU. Argumentan que su uso ancestral y cultural no debe equipararse con drogas ilícitas, reclamando un enfoque más diferenciado y respetuoso con su patrimonio cultural.

Reacciones y relaciones internacionales

Tras los anuncios del nuevo gobierno boliviano, los cocaleros del Chapare expresaron su rechazo, señalando que los operativos antidroga deben limitarse a la frontera y no afectar las comunidades productoras. Además, cuestionaron la designación de Justiniano en el cargo.

En un contexto más amplio, Bolivia y Estados Unidos han iniciado un proceso de acercamiento diplomático tras casi 17 años de distanciamiento, tras la victoria de Rodrigo Paz en las elecciones del 19 de octubre. Washington anunció el restablecimiento de relaciones a nivel de embajadores, y ambos países manifestaron su interés en fortalecer la cooperación en áreas como economía, seguridad y desarrollo social, con énfasis en la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional.