Trabajador del Congreso presenta descargos tras grabar mitin de Fuerza Popular en Trujillo

Daniel Luza Amesquita presenta sus descargos ante el Jurado Electoral Especial de Pacasmayo

El 30 de octubre de 2025, durante un evento del partido Fuerza Popular en Huanchaco, se detectó la presencia de una cámara del Inventario Físico General del Congreso de la República. La unidad fue trasladada por Daniel Luza Amesquita, quien en ese momento era trabajador del Legislativo, lo que generó cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos en una actividad de campaña política.

Tras la difusión del hecho en redes sociales, el Jurado Electoral Especial de Pacasmayo inició un procedimiento administrativo. En ese proceso, notificó a Luza Amesquita para que presente sus descargos y explique su versión de los hechos, los cuales posteriormente motivaron su renuncia al cargo que ejercía en el Congreso.

Descargos presentados por Daniel Luza Amesquita

En su declaración, Luza Amesquita afirmó que la actividad en cuestión fue autorizada por el Jurado Electoral Especial de Trujillo y que la organización del evento fue completamente gestionada por Fuerza Popular. Además, reconoció su participación en el acto, pero aclaró que presentó su renuncia el 1 de noviembre, dos días después del evento.

Sin embargo, aunque acepta que su salida del cargo no lo exime de responsabilidad ni de posibles investigaciones, sostiene que su conducta fue ‘no dolosa’ y que en ningún momento constituyó una infracción al principio de neutralidad en materia electoral.

Asimismo, afirmó que el traslado del equipo fue resultado de un error involuntario, debido a la similitud entre su cámara personal y la institucional, ya que ambas compartían la misma marca, modelo y estuche. Además, aseguró que no se percató del intercambio y que el equipo no fue revisado por seguridad al momento de salir, debido a su antigüedad laboral y la ausencia de incidentes previos.

Reconocimiento de desconocimiento institucional

En los últimos puntos de su declaración, Luza Amesquita afirmó que ninguna autoridad del Congreso ni de la Oficina de Participación Ciudadana tenía conocimiento previo del traslado, incluyendo el área de comunicaciones. Solo después de que el hecho se viralizó en redes sociales, estos organismos tomaron conocimiento del incidente, en un intento por exculparlos de cualquier responsabilidad.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa las dudas respecto al uso de bienes públicos en campañas electorales y la eficacia de los controles internos del Congreso. Aunque el descargo busca deslindar responsabilidades tanto institucionales como personales, será el Jurado Electoral Especial quien determine si hubo alguna infracción y las sanciones que correspondan.