En medio de una crisis institucional en el Ministerio Público, se ha difundido un oficio atribuido a los presidentes de las Juntas de Fiscales Provinciales, en el que solicitan a la Junta de Fiscales Supremos (JFS) una revisión extraordinaria del proceso de selección del fiscal de la Nación. Este pedido surge como respuesta a la prolongada disputa interna por el retorno de Delia Espinoza a su cargo.

El documento, divulgado públicamente, sostiene que el Ministerio Público requiere “una política de gestión sostenida en el tiempo” y un liderazgo estable para afrontar la inseguridad ciudadana y fortalecer su autonomía institucional. Sin embargo, advierten que su aplicación podría establecer un precedente peligroso e inconstitucional.

Consultada por Infobae, la exfiscal de la Nación y congresista Gladys Echaíz explicó que este tipo de solicitudes no resulta compatible con la legislación vigente. Aunque reconoció el derecho de los fiscales provinciales a hacer recomendaciones y que la Junta de Fiscales Supremos (JFS) podría evaluarlas, advirtió que la historia institucional no registra antecedentes donde un mandato haya sido terminado de esa manera.

“Siempre se han aceptado sugerencias, especialmente en la situación actual del Ministerio Público, que preocupa a todos. Pero el período de mandato es de tres años, y nunca se ha visto que un mandato concluya por estas causas. Sería una infracción constitucional, ya que el mandato es de tres años y no puede ser terminado por una causa de esta naturaleza”, afirmó.

La parlamentaria recordó que las cuestiones relacionadas con actitudes y comportamientos institucionales corresponden a la competencia de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Actualmente, la JNJ mantiene suspendida de sus funciones a la fiscal Delia Espinoza, pese a una orden judicial que ordena su reposición.

“Lo más prudente sería esperar la decisión de la JNJ para evitar mayores complicaciones o sentar un precedente negativo. Además, ni la ley ni la Constitución prevén que un mandato pueda concluirse de esa forma en situaciones disfuncionales”, afirmó.

Respecto al reciente fallo del Noveno Juzgado Constitucional de Lima, que ordena la reposición de Espinoza, Echaíz señaló que dicha medida debe ser revisada y está sujeta a la resolución del tribunal superior. Consideró que, eventualmente, el tema será elevado al Tribunal Constitucional, pero llamó a respetar el orden constitucional.

“Este tipo de acciones de garantía generalmente terminan en el Tribunal Constitucional, sea por una parte u otra. Allí, el TC tendrá la oportunidad de resolver, pero el Poder Judicial aún no se ha pronunciado en una sentencia de fondo”, explicó.

La exfiscal coincidió con algunos críticos que señalan que algunos jueces están contraviniendo el orden legal y constitucional en sus decisiones, lo cual genera preocupación sobre la independencia y la estabilidad del sistema judicial en el contexto actual.