Conmemoración de los 5 años de las protestas del 14 de noviembre en Perú

Este 14 de noviembre se cumplen cinco años de las masivas protestas que sacudieron Perú en 2020, movilizaciones que llevaron a la renuncia del entonces presidente Manuel Merino. Aunque lograron su objetivo político, estas manifestaciones dejaron una profunda huella de dolor y sufrimiento en la población.

La trágica jornada y su impacto

La brutal represión policial durante aquella jornada resultó en la muerte de dos jóvenes: Inti Sotelo y Bryan Pintado. Ambos fueron asesinados por proyectiles de plomo disparados por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP). La violencia no se limitó a los fallecimientos, ya que más de 70 ciudadanos resultaron heridos en los enfrentamientos, entre ellos al menos 30 con lesiones graves que, hasta la fecha, les impiden retomar una vida normal.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Percy Pérez Shapiama, un joven de 32 años cuyo abdomen fue perforado por una canica lanzada por la PNP a menos de 10 metros de distancia. La herida afectó sus intestinos, y a pesar de que debía ser operado seis meses después del incidente, la intervención aún no se ha realizado, cinco años después.

El caso de Percy Pérez y su lucha por la justicia

Percy relata que, para evitar complicaciones, no puede consumir alimentos ni líquidos cuatro horas antes de salir, lo que limita su movilidad y lo obliga a permanecer en su habitación. Además, su situación económica dificulta el acceso a los insumos necesarios para su recuperación, como las bolsas de colostomía, que cuestan aproximadamente 350 soles y deben durar entre uno y tres meses.

«Hasta ahora no me han entregado ni una bolsa de colostomía. Un paquete que puede durar hasta tres meses cuesta 350 soles», comenta Percy. La falta de atención médica y de recursos ha agravado su condición, y su caso es uno de los más de 70 que actualmente buscan justicia en un proceso judicial contra 11 oficiales de la Policía, acusados de delitos como asesinato, abuso de autoridad y graves violaciones a los derechos humanos.

Avances y obstáculos en el proceso judicial

El juicio contra los oficiales se encuentra en una etapa intermedia. El pasado 17 de octubre, tras dos audiencias que no lograron concretarse, se inició la discusión sobre el sobreseimiento solicitado por la Fiscalía en relación a varios agraviados. Actualmente, el proceso está suspendido temporalmente, a la espera de la formulación y presentación del requerimiento acusatorio, una decisión que ha sido apelada.

Según explica Carlos Rivera, abogado de Inti Sotelo, la suspensión se debe a la falta de localización de algunos agraviados y acusados. Sin embargo, Rivera sostiene que, con los elementos probatorios presentados, la suspensión no es necesaria. «Tras cinco años de investigación, se ha logrado corroborar la comisión de delitos, incluyendo el asesinato de Inti y Bryan, así como lesiones graves y el uso de armas de fuego y munición prohibida, como los perdigones de plomo. También se ha establecido la responsabilidad penal de altos mandos policiales, como el entonces comandante general de la PNP y el jefe de la región Lima», afirmó.

Desigualdad en la justicia y situación de las víctimas

A pesar de la evidencia contundente y las 2,500 páginas de acusación, el proceso judicial aún refleja una marcada desigualdad entre las víctimas y los oficiales acusados. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) ha señalado que varios heridos del 14N se han quedado sin defensa pública, ya que los abogados asignados por el Estado abandonaron sus casos sin justificación.

Además, la aprobación de la polémica Ley Anti-ONG por parte del Congreso ha limitado aún más la posibilidad de que las víctimas accedan a una defensa digna. «El Estado prohíbe la defensa legal de las víctimas a través de ONG, y el procurador del Estado afirmó ante la CIDH que las víctimas podían recurrir a la defensa pública. Sin embargo, esta protección ha sido retirada», denuncia Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la CNDDHH.

Pariona también denuncia que algunos oficiales han realizado maniobras legales para evitar que las audiencias continúen, como no asistir o argumentar que no se cumplen ciertos requisitos, lo que retrasa aún más el proceso.

El caso de Inti Sotelo y su búsqueda de justicia

Desde la trágica muerte de su hermano gemelo, Killa Sotelo se ha convertido en una activista que lucha por justicia. Aunque la Policía ha asumido responsabilidad por el fallecimiento de Inti, el gobierno aún no ha brindado ayuda ni disculpas oficiales a su familia.

«Solo contamos con el apoyo de la sociedad, ya que el Estado no nos ha dado nada», expresa Killa, quien continúa exigiendo justicia para su hermano y la rendición de cuentas por parte de las autoridades.