Un mes después de la muerte de Trvko: investigación fiscal estancada y reclamos de justicia

El recuerdo y la tristeza en la familia Ruiz

Ha transcurrido un mes desde que Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, conocido popularmente como «Trvko», perdió la vida en circunstancias aún no esclarecidas. Su padre, Roger Ruiz, ha estado intentando recuperar imágenes de su hijo en fotos, que en su momento decidió retirar de su hogar. «Lo destruían al verlo», confiesa, recordando la angustia que sintió al ver las fotos de su hijo.

Actos conmemorativos y muestras de afecto

El 15 de noviembre, Roger Ruiz pudo tomarse un respiro tras asistir a una misa en compañía de su familia. Luego se dirigió a la Plaza de Armas de San Martín de Porres, donde amigos y colectivos organizaron diversos actos en memoria de «Trvko». La jornada incluyó música, pintura, lectura y talleres para niños, en un espacio dedicado a honrar su memoria.

Imágenes inéditas y recuerdos personales

Durante la conmemoración, se exhibieron fotografías inéditas que retratan diferentes etapas de la vida de Mauricio Ruiz: su adolescencia, sus primeros dibujos, composiciones musicales, y su papel como padre primerizo acompañando el embarazo de la madre de su hijo, quien actualmente tiene 10 años.

La noche fatídica y la respuesta de la familia

El 15 de octubre, Mauricio Ruiz fue víctima de un disparo por parte del suboficial Luis Magallanes Gaviria, quien ahora evita la difusión del video que registra el momento de su asesinato. Roger Ruiz expresa su dolor y su fortaleza: «Trajeron fotos de mi negrito lindo. Mi hijito siempre con su sonrisa. Algunas evito verlas… pero acá estoy. Fuerza nomás. No me voy a esconder».

Investigación en pausa tras un mes

A pesar del tiempo transcurrido, la investigación fiscal continúa detenida. No se han realizado declaraciones, citaciones a los heridos ni diligencias mínimas. El expediente permanece estancado, generando preocupación entre familiares y defensores.

Contienda por la competencia en el caso

El fiscal Roger Yana Yanqui, de la Tercera Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, solicitó inhibirse del caso y propuso que otra fiscalía penal común asuma la investigación, argumentando que la muerte de «Trvko» no sería parte de una política institucional. Sin embargo, la Fiscalía Penal Común rechazó esta propuesta, considerando que se trata de «graves violaciones de derechos humanos», y devolvió la carpeta.

Actualmente, el proceso se encuentra detenido en una disputa de competencia negativa. La decisión final corresponde a la Tercera Fiscalía Superior Especializada en Derechos Humanos y Terrorismo.

Reclamos de la familia y organizaciones defensoras

La defensa de la familia Ruiz, representada por el Estudio Arbizu & Gamarra, exige que Derechos Humanos asuma la investigación. «Tras un mes, no hay un solo acto de investigación. Tienen que empezar pronto», afirman. Renato Ríos, amigo de Mauricio y herido por una de las balas disparadas por Magallanes, es el principal testigo del caso. Su expediente fue separado del resto por decisión del fiscal Yana, bajo el argumento de «celeridad procesal».

El abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), califica esa separación como «cuestionable», ya que fragmentar la investigación descontextualiza y debilita las pruebas en casos relacionados con derechos humanos. «Si ese fuera el argumento, deberían existir catorce carpetas más», añade.

El papel de la fiscalía y la posible omisión de responsabilidades

El fiscal Yana reconoció que los hechos constituyen violaciones de derechos humanos y que existieron «planes y operaciones policiales» el 15 de octubre. Sin embargo, dispuso que la División de Homicidios de la Policía Nacional del Perú (PNP) realice la investigación preliminar, citando una sentencia del Tribunal Constitucional. Esta decisión, según Rivera, «rompe veinte años de práctica en casos de derechos humanos». La defensa de Renato Ríos presentó una oposición formal a esta medida, pero la incertidumbre continúa.

El estado de la investigación y las expectativas de la familia

El abogado Julio Arbizú, defensor de la familia Ruiz, señala que la investigación está prácticamente paralizada. «Tras la inhibición del fiscal Yana y el rechazo de la Fiscalía Penal Común, la carpeta fue elevada a la Tercera Fiscalía Superior en Derechos Humanos, que aún debe resolver la disputa de competencia. Mientras no haya una decisión, todo permanece detenido», explica.

Arbizú destaca que las diligencias iniciales, incluidas declaraciones y peritajes, evidencian que la muerte de Mauricio ocurrió en el marco de un operativo policial, lo que implica responsabilidades no solo del suboficial Magallanes, sino también de superiores y autoridades que ordenaron o conocieron el operativo. «No es un hecho aislado», recalca.

Asimismo, denuncia que la separación del caso de Renato Ríos evidencia la incoherencia fiscal: el herido está siendo investigado por Derechos Humanos, mientras que la muerte de Mauricio fue enviada al fuero común.

La Policía, protagonista y presunta responsable

La decisión de que la División de Homicidios investigue a Magallanes, identificado como autor de al menos cinco disparos, genera preocupación en ambas defensas. Carlos Rivera advierte: «La Policía va a investigar a uno de los suyos, a quien el comandante general llamó ‘héroe’. No habrá imparcialidad».

Roger Ruiz comparte esa inquietud: «El presidente no dice nada. La Policía protege al que asesinó a mi hijo. Aquí un policía mata a un compatriota y lo nombran héroe. ¿En qué país pasa esto? Solo en el Perú». La madrugada del 16 de octubre, el propio fiscal Yana estuvo en el hospital cuando Roger confirmó la identidad del cuerpo de Mauricio. «Tuve fe en él —recuerda—. Pensé que lo vería en Derechos Humanos. Pero al final lo envió al fuero común».

Perspectivas futuras y llamados a la justicia

La situación actual refleja una preocupante falta de voluntad y coordinación para esclarecer los hechos y garantizar justicia. La familia de Mauricio Ruiz y organizaciones defensoras exigen que la investigación sea asumida por la Fiscalía de Derechos Humanos y que se investigue como una violación de derechos humanos, incluyendo responsabilidades estructurales en el operativo policial.

Mientras tanto, la impunidad y la falta de diligencias siguen siendo un obstáculo para la búsqueda de justicia en un caso que ha conmovido a la opinión pública en Perú.