La acusación fiscal contra el expresidente Martín Vizcarra se basa en una serie de comunicaciones, ajustes contractuales y movimientos de fondos registrados entre 2013 y 2014. Para el Ministerio Público, estos hechos conforman un circuito que permitió a representantes de las empresas Obrainsa e ICCGSA entregar sumas clandestinas al entonces gobernador regional de Moquegua, a cambio de obtener beneficios en dos obras emblemáticas de la región. La investigación se apoya en información de colaboradores eficaces, actas institucionales y reportes contables recopilados en los últimos años.

Implicaciones y montos involucrados

El Equipo Especial Lava Jato ha afirmado que Vizcarra habría recibido aproximadamente S/ 1 millón de Obrainsa por el proyecto de las Lomas de Ilo y S/ 1,3 millones de ICCGSA por el Hospital de Moquegua. Esta reconstrucción motivó la solicitud de una pena de 15 años de prisión y una reparación civil superior a S/ 4,6 millones. Según el diario La República, los fiscales sostienen que las modificaciones económicas, las reuniones en eventos empresariales y los retiros en efectivo reflejan un patrón similar al conocido como el del Club de la Construcción.

Requisitos y fundamentos de la acusación

El fiscal Germán Juárez Atoche ha ratificado la petición de 15 años de prisión efectiva para Vizcarra, que se distribuye en seis años por los presuntos pagos ilegales relacionados con las Lomas de Ilo y nueve años por el caso del Hospital de Moquegua. Según su exposición, el exgobernador habría recibido un total de S/ 2,3 millones en entregas en efectivo, coordinadas desde las áreas comercial y financiera de las constructoras involucradas.

Detalles de las operaciones y comunicaciones

El proceso inicia el 4 de noviembre de 2013, cuando la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) solicitó un reajuste en la propuesta económica del consorcio liderado por Obrainsa. Al día siguiente, según registros presentados en la investigación, Vizcarra contactó a Elard Tejeda, gerente de la firma, para coordinar un encuentro en el que, presuntamente, se habría planeado una entrega ilegal de dinero. La respuesta de UNOPS llegó el 7 de noviembre con un monto ajustado que fue aceptado por la región.

En diciembre de 2013, se registraron nuevas comunicaciones entre Vizcarra y Tejeda respecto al alquiler de una avioneta y a la firma del contrato, formalizado el 6 de ese mes. Para la Fiscalía, esta etapa fue clave para organizar el pago posterior. El 24 de enero de 2014, se registraron llamadas en las que el exgobernador habría solicitado un “saldo pendiente”. Ese mismo día, Tejeda realizó gestiones internas para obtener fondos de caja chica, involucrando a personal administrativo como Diego Agurto Albán, María Inés García Arias y Tobías Puertas Gutiérrez. Además, Rosa Carmen Ríos Quinteros, trabajadora de la empresa, declaró haber visto a Vizcarra en las oficinas, según informó La República.

Operaciones financieras y entregas de fondos

Los retiros de dinero se concretaron en dos entregas: S/ 400.000 el 27 de enero de 2014 y S/ 600.000 el 4 de abril del mismo año. La Fiscalía sostiene que estos movimientos constituyen evidencia del pago ilegal realizado a Vizcarra, en línea con el esquema de corrupción denunciado.

Reacción de la Procuraduría y próximas acciones

La Procuraduría Pública ha solicitado que la reparación civil de más de S/ 4,6 millones se haga efectiva de inmediato. Argumentan que el perjuicio económico al Estado se originó por el direccionamiento de contratos y reajustes que coincidieron con fechas clave de negociación. Además, se busca que, ante la presunta capacidad del exmandatario para influir en testigos, la sentencia se ejecute sin demora.

Línea de tiempo del caso

El proceso inicia el 4 de noviembre de 2013, cuando UNOPS solicita un reajuste en la propuesta económica del consorcio liderado por Obrainsa. Al día siguiente, Vizcarra contacta a Elard Tejeda para coordinar un encuentro que, según la Fiscalía, habría sido para planear la entrega ilegal. El 7 de noviembre, UNOPS responde con un nuevo monto aceptado por la región.

En diciembre de 2013, se registran comunicaciones sobre el alquiler de una avioneta y la firma del contrato, formalizado el 6 de ese mes. El 24 de enero de 2014, se registran llamadas en las que Vizcarra pide un “saldo pendiente”. Ese mismo día, se gestionan fondos de caja chica, involucrando a varios empleados y confirmando la presencia del expresidente en las oficinas de la empresa, de acuerdo con declaraciones de Rosa Carmen Ríos Quinteros.

La investigación continúa en curso y la Fiscalía mantiene su postura de que existen pruebas sólidas para sustentar la acusación contra Martín Vizcarra, quien se encuentra bajo investigación por presunta recepción de coimas millonarias por parte de Obrainsa y ICCGSA.