Procuraduría solicita S/400,000 a Francisco Sagasti por retiros irregulares en la Policía Nacional

La Procuraduría General del Estado ha solicitado al Poder Judicial que Francisco Sagasti pague la suma de S/400,000 como reparación por el presunto perjuicio causado al Estado peruano. La petición se fundamenta en el proceso penal en curso por presunto abuso de autoridad, relacionado con los retiros considerados irregulares de 19 generales y tenientes generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante su mandato de transición en 2020.

Contexto y fundamentos de la denuncia

La solicitud de reparación se apoya en una investigación formalizada por la Fiscalía de la Nación, que acusa a Sagasti y a dos exministros del Interior de emitir resoluciones supremas que, según el Ministerio Público, vulneraron la Ley de la PNP. Estas decisiones habrían provocado el retiro inmediato de altos oficiales sin una motivación válida ni respeto al orden de antigüedad, afectando la estructura institucional de la policía.

Reclamación y monto provisional

La Procuraduría, representada por la Procuradora General María Aurora Caruajulca, considera que los hechos imputados justifican una reparación civil solidaria contra Francisco Sagasti, así como contra los exministros Rubén Vargas y José Elice. La entidad ha solicitado que el monto provisional de S/400,000 sea aceptado mientras avanza la etapa preparatoria del proceso judicial.

Razones del reclamo económico

El organismo argumenta que los retiros de oficiales de la PNP durante la transición de 2020 no tuvieron una motivación legal válida y contravenían el marco normativo que regula la designación del comandante general. La Procuraduría sostiene que estas acciones quebraron la estructura interna de la Policía Nacional en un momento crítico, afectando su estabilidad y continuidad operativa.

El documento presentado ante el Juzgado Supremo detalla que la remoción simultánea de 19 altos mandos generó un daño institucional, no económico directo, sino a la estabilidad, imagen y funcionamiento de la institución policial. La Procuraduría afirma que este tipo de perjuicios pueden ser reclamados en un proceso penal.

Resolucciones cuestionadas en el caso

El pedido de la Procuraduría se basa en varias resoluciones supremas emitidas entre noviembre de 2020 y enero de 2021. Estas disposiciones cesaron en forma inmediata al entonces comandante general Orlando Velasco y ascendieron a César Cervantes, decisión que, según la entidad, no respetó el orden de antigüedad establecido por la ley.

Asimismo, se cuestionan las resoluciones que ordenaron el retiro de tres tenientes generales y 16 generales de la Policía Nacional. La Procuraduría argumenta que estas medidas carecieron de argumentos administrativos y sustento normativo, infringiendo el derecho a la debida motivación y los procedimientos establecidos para cambios en la alta oficialidad.

Incluso los recursos de reconsideración presentados por los oficiales afectados fueron declarados infundados sin una evaluación adecuada, lo que la Procuraduría considera una cadena de decisiones arbitrarias. Todo ello ha llevado a que el caso pase a una investigación penal y a una reclamación de indemnización contra Francisco Sagasti.