Con 17 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, la Comisión de Energía y Minas, presidida por el congresista Víctor Cutipa, aprobó el predictamen que busca extender la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2027 o hasta que entre en vigor la Ley Mape. Esta medida responde a las demandas de miles de mineros artesanales que manifestaron su rechazo en las calles del Cercado de Lima.

Contexto y respaldo político

Como adelantó este medio, las bancadas que apoyaron esta iniciativa fueron el bloque de Juntos por el Perú, Podemos, la Bancada Socialista, Perú Libre, Alianza Para el Progreso y Somos Perú. Además, se sumaron Fuerza Popular, Honor y Democracia, y Renovación Popular. Por otro lado, los grupos que se opusieron fueron Acción Popular, Avanza País y el Bloque Democrático Popular.

Reacciones y debate en el Congreso

La diputada Diana Gonzáles solicitó que se votara por separado la reincorporación excepcional de más de 50,000 mineros artesanales que fueron excluidos del registro por no cumplir ciertos requisitos mínimos. Sin embargo, su petición no fue aceptada, ya que siete congresistas la respaldaron y otros siete la rechazaron. La decisión final quedó en manos del presidente de la Comisión, Víctor Cutipa, cuyo voto determinó el avance de la norma.

En la exposición de motivos, la Comisión afirmó que la propuesta es viable, oportuna y necesaria, ya que fortalece la gobernanza del sector minero, evita retrocesos hacia la ilegalidad, reduce la incertidumbre normativa y proporciona los insumos para una futura Ley MAPE que sea efectiva y basada en evidencia.

Avances en la legislación minera

Este no es el primer intento del Congreso por abordar la problemática de la minería artesanal y a pequeña escala. A lo largo del tiempo, se han promovido diversas iniciativas para resolver las dificultades relacionadas con la Ley Mape. Sin embargo, los plazos se han ido extendiendo, y en última instancia, se ha recurrido a nuevas prórrogas del Reinfo, mecanismo que ha sido utilizado como escudo de impunidad para actividades ilegales.

El mecanismo, cuya vigencia finaliza el 31 de diciembre de este año, coincide con el vencimiento de la legislatura el 15 de diciembre, lo que generó una presión significativa. Miles de mineros protestaron frente a la sede del Palacio Legislativo, exigiendo una solución definitiva, en un contexto marcado por motivaciones principalmente electorales.

Medidas adicionales y propuestas en la normativa

Además de la ampliación del Reinfo, el proyecto contempla otros cambios, como la suspensión de los trámites de exclusión realizados por el Ministerio de Energía y Minas (Minem). También propone la realización de un Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), el establecimiento de un sinceramiento obligatorio de ubicación mediante la Ventanilla Única de Formalización Minera, y la transferencia del acervo documental de los gobiernos regionales al Minem.

Durante la sesión, la congresista Patricia Juárez, de Fuerza Popular, propuso que la disposición final de la ley establezca que la suspensión de las exclusiones no afecte a quienes tengan sentencia condenatoria firme por minería ilegal o lavado de activos, ni a quienes operen en zonas prohibidas.

Opiniones y perspectivas

El presidente de la Comisión, Víctor Cutipa, expresó que es fundamental no seguir postergando la aprobación del predictamen y manifestó su apoyo a la eventual interpelación al titular del Minem, Luis Bravo De La Cruz, para acelerar el proceso.

Por su parte, el ex presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, responsabilizó a sus colegas por obstaculizar la aprobación de la Ley Mape, la cual habría evitado nuevas extensiones del Reinfo. En su opinión, la demora no responde a motivos electorales, sino a la necesidad de ofrecer una solución concreta ante el fin del proceso de formalización minera.

Finalmente, el congresista Eduardo Salhuana, de Alianza Para el Progreso, comentó sobre las recientes declaraciones del Presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, respecto a la posibilidad de que el norma sea observada y enviada al Tribunal Constitucional. Según indicó, el Ejecutivo ha mostrado poca coherencia en su postura.