Congreso aprueba informe final que recomienda inhabilitar a fiscales supremos por 10 años

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República aprobó este martes 18 de noviembre el informe final que recomienda inhabilitar por 10 años en sus funciones públicas a los fiscales supremos Juan Carlos Villena Campana, Pablo Sánchez Velarde, Zoraida Valdivia Rivera y Delia Espinoza Valenzuela.

Es importante recordar que la Denuncia Constitucional 528 fue presentada por los congresistas Fernando Rospigliosi Capurro, José Cueto Aservi y Alfredo Azurn Loayza. Los legisladores acusan a los representantes del Ministerio Público de haber incurrido en los numerales 1 y 4 del artículo 159 de la Constitución, así como en los artículos 38, 103, 109 y 166 de la misma ley fundamental.

Procedimiento y resultados de la votación

Tras realizar una nueva sesión, el grupo de trabajo parlamentario, presidido por la congresista Lady Camones Soriano (Alianza para el Progreso), aprobó el texto acusatorio con nueve votos a favor. Por otro lado, otros dos legisladores emitieron votos tanto en contra como en abstención.

El encargado de sustentar el informe fue el parlamentario delegado Jorge Montoya Manrique (Honor y Democracia).

El documento acusa a los magistrados de haber cometido posibles delitos de abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato, y de ser posibles instigadores del delito de usurpación de funciones policiales. La acusación se fundamenta en la emisión de la Resolución 2246-2024, fechada el 14 de octubre de 2024.

Según la SAC, dicha resolución aprobaba un reglamento que presuntamente infringe la Ley 32130. Esta ley modifica el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, con el objetivo de fortalecer la investigación del delito y agilizar los procesos penales, funciones atribuidas a la Policía Nacional del Perú.

¿Qué sigue ahora?

De acuerdo con el artículo 89 del Reglamento del Congreso, si el informe final es aprobado en la Comisión Permanente, el texto será sometido a debate y votación en el Pleno del Congreso para su aprobación definitiva.

Para que la denuncia constitucional sea aprobada, se requiere un mínimo de 66 votos. En caso de lograrse, la acusación será remitida al Ministerio Público para que proceda conforme a sus facultades, según establece la ley.

La denuncia también alcanza a la fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela, quien actualmente se encuentra suspendida. Ella espera que la Junta Nacional de Justicia acate lo dispuesto por el 9. Juzgado Constitucional de Lima, que ordenó su reposición en el cargo de fiscal de la Nación.

Desde la JNJ han presentado una demanda ante el Tribunal Constitucional para solicitar la nulidad de la resolución que ordena la reposición de Espinoza. Mientras tanto, el juez Juan Torres Tasso reactivó el proceso para que la fiscal sea reincorporada en un plazo máximo de dos días, debido a un error en el proceso de notificación.

Por su parte, la fiscal suspendida aguarda su reincorporación al Ministerio Público, mientras que el Congreso continúa con el trámite para inhabilitarla por un período de 10 años.