Contexto y antecedentes

La Junta Nacional de Justicia (JNJ), a través de su presidente Gino Ríos, presentó una demanda de competencia contra el Poder Judicial. La acusación se basa en una supuesta vulneración de sus atribuciones, específicamente por su intervención en el proceso de suspensión de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

Además, la JNJ cuestiona la admisión de una acción de amparo promovida por el Instituto de Defensa Legal (IDL) en contra de la elección de sus integrantes. Estas acciones se producen en un contexto de tensión entre ambas instituciones, que pone en duda la separación de poderes.

Reacciones y hechos recientes

Este pedido de la JNJ se produce apenas ocho días después de que el Noveno Juzgado Constitucional ordenara suspender todos los procesos disciplinarios contra Espinoza Valenzuela, con el objetivo de que retome su cargo como fiscal de la Nación.

En el documento presentado por el periodista Diego Casimiro, la JNJ fundamenta su pedido en el «uso indebido de sus competencias por parte del Poder Judicial», lo que, según argumentan, viola el principio de separación de poderes establecido en los artículos 154 y 157 de la Constitución Política del Perú.

Razones de la demanda

Sobre la reposición de Delia Espinoza

La JNJ afirma que aún no ha sido notificada formalmente de la resolución del Noveno Juzgado Constitucional, y que su conocimiento de la decisión fue a través de los medios de comunicación. La resolución ordena que en un plazo de dos días Espinoza sea reinstalada en su cargo.

La demanda sostiene que esta situación representa una «extralimitación de las competencias» del Poder Judicial y una «ruptura del principio de congruencia procesal». Advierten que, como consecuencia de la resolución del 10 de noviembre de 2025, una medida cautelar adoptada por la JNJ en un procedimiento disciplinario de alta relevancia, está en riesgo de ser ignorada.

Sobre la demanda de amparo del IDL

La JNJ también argumenta que la solicitud del IDL para anular el proceso de selección de sus miembros, mediante una acción de amparo, generaría un impacto negativo en sus funciones constitucionales.

La institución sostiene que, si se aprobara una medida cautelar en ese sentido, la JNJ quedaría impedida de continuar con los procesos de selección, ratificación y expedientes disciplinarios, lo que provocaría una parálisis que afectaría gravemente el funcionamiento del sistema de justicia.

Asimismo, la JNJ afirma que, aunque el Poder Judicial tiene competencia para resolver demandas de amparo contra la institución, una decisión que afecte directamente sus funciones «constituiría un ejercicio irregular de las competencias judiciales» y un menoscabo a sus funciones constitucionales.

Finalmente, señalan que una orden judicial que desactive por completo las funciones de la JNJ sería un acto que vulnera claramente sus atribuciones.

Antecedentes y denuncias previas

En febrero de este año, el IDL y dos ciudadanas presentaron tachas al proceso de selección de los miembros de la JNJ, señalando presuntas irregularidades. Sin embargo, estas denuncias no fueron atendidas.

Desde el inicio, se criticó la falta de transparencia, ya que no se compartieron públicamente documentos, protocolos ni herramientas que permitieran prevenir conflictos de interés o evaluar de manera adecuada los méritos académicos de los postulantes.