Josué Gutiérrez confirma conocimiento de sentencia y defiende su nombramiento en la JNJ

El titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez, salió en defensa de la designación y continuidad de Gino Ríos como presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a pesar de una sentencia por violencia familiar en su contra. Durante una conferencia de prensa, Gutiérrez admitió que conocía el caso, aunque fue recibido fuera del plazo establecido para su impugnación y, según afirmó, ya se encontraba archivado. Además, aclaró que el proceso no involucraba el fuero penal, sino que era de naturaleza civil y familiar.

El funcionario argumentó que la postulación de Ríos cumplió con todos los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la JNJ, así como en las bases del concurso público publicados en el Diario Oficial del Perú el 22 de julio de 2024. También sostuvo que, tras una revisión de los informes del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría, no existía impedimento legal para su participación en el cargo, ya que no hay sentencia vigente contra Ríos.

Gutiérrez explicó que la sentencia de 2011 por violencia familiar se refiere a un tema psicológico y que no hubo ninguna actuación penal en su contra; solo intervenciones del fiscal y juez de familia. Además, una consulta reciente del 22 de julio reveló que el expediente en cuestión está cerrado y sin sentencia activa. Enfatizó que toda la documentación relacionada con la selección de Ríos ha sido debidamente archivada y digitalizada, accesible para la ciudadanía, reafirmando que la institución actúa con transparencia.

Por otro lado, un reportaje de “Cuarto Poder” mostró que en 2011, un juez de familia dictaminó responsabilidad de Ríos en un caso de maltrato psicológico contra su exesposa, con medidas de protección dictadas a favor de esta. Sin embargo, Gutiérrez sostuvo que dicha resolución no constituye una sentencia penal y, por lo tanto, no sería un impedimento para mantenerlo en su cargo.

El caso ha generado reacciones en el Congreso, donde legisladores como Héctor Acuña, Susel Paredes y Ruth Luque solicitaron formalmente la separación de Ríos y el inicio de un proceso de vacancia, argumentando que una sentencia por violencia familiar viola los requisitos legales para acceder y permanecer en la JNJ. La controversia continúa, y las autoridades han señalado que el proceso de selección se realizó de manera colegiada, defendiendo la legalidad del proceso y asegurando que no existen responsabilidades individuales en la decisión.