Congreso solicita investigar a Rafael López Aliaga por presunto fraude aduanero y evasión de pagos en proyecto del tren Lima-Chosica

La congresista Pasión Dávila solicitó formalmente a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, que inicie una investigación preliminar contra el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y varios funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). La denuncia se basa en presuntos delitos relacionados con la adquisición de material ferroviario a la empresa estadounidense Caltrain para el proyecto Lima-Chosica.

En un oficio dirigido a la fiscal, Dávila explicó que los hechos podrían constituir delitos contra la administración pública y delitos aduaneros. La operación en cuestión involucra la compra de 90 vagones, 19 locomotoras y repuestos, que la municipalidad presentó como una donación, aunque documentos revelan lo contrario. Según la denuncia, Caltrain reportó la transacción como una venta, mientras que la MML la declaró como donación ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

La documentación oficial muestra discrepancias significativas en los valores declarados. La carta de Caltrain atribuye a la transferencia un valor de aproximadamente 4.9 millones de dólares, mientras que la Municipalidad consignó un valor total de 822 millones de soles (unos 224 millones de dólares). Además, el ingeniero ferroviario Daniel Maguiña sostiene que el valor técnico real del lote no superaría los 400 millones de dólares, lo que contrasta con la valoración patrimonial que justificó la municipalidad, considerada por Dávila como una sobrevaloración injustificada.

La legisladora también advirtió sobre pagos no declarados adecuadamente y citó al exministro Rafael Rey, quien reveló una transferencia superior a siete millones de dólares, en aparente contradicción con la versión oficial. Ante estos hechos, Dávila pidió a la SUNAT que entregue el expediente completo de la operación, así como toda la documentación relacionada, y solicitó que se coordine con autoridades estadounidenses para obtener información oficial de Caltrain. También solicitó que se cite a declarar a los involucrados para esclarecer la situación.

Por su parte, Rafael López Aliaga reaccionó durante una rueda de prensa, señalando que también podría tomar acciones legales contra la congresista. “(El parlamentario) tendría que probarlo. Me reservo el derecho de iniciar acciones penales. Tener boca no significa hablar, ahí lo dejo”, afirmó sin profundizar en su postura frente a las acusaciones.

El alcalde de Lima, que en julio anunció que había sido denunciado penalmente por la adquisición del tren, también criticó a sus detractores, asegurando que está preparado para enfrentar los procesos judiciales y que no le afectan. “Estoy curtido, tengo cuero de chancho. A mi edad y circunstancias, me resbala. Sigan denunciándome. Aquí hay un luchador que ha ganado en buena ley”, expresó. La controversia continúa generando tensión política y legal en torno a la gestión municipal y las posibles irregularidades en la compra del material ferroviario.