Cuba lidera el mundo en represión: 93 presos políticos y detenciones arbitrarias desde 2019

La situación de Cuba en la lista mundial de detenciones arbitrarias desde 2019

Desde 2019, Cuba ocupa el primer lugar en el mundo en número de condenas por detenciones arbitrarias, acumulando un total de 93 casos de presos políticos en los últimos seis años. Los informes más recientes, publicados por la organización Prisoners Defenders, revelan la existencia de 49 nuevos casos de personas encarceladas tras las protestas del 11 de julio de 2021. Estas detenciones se han caracterizado por graves violaciones al debido proceso, desapariciones forzadas, torturas y motivaciones claramente políticas y ideológicas.

Informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la detención arbitraria

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (WGAD, por sus siglas en inglés) indica que Cuba superó a Egipto, que se encontraba en segundo lugar con 73 casos. Según el organismo internacional, las detenciones en Cuba están vinculadas a violaciones repetidas de derechos fundamentales, procesos judiciales sin garantías y el uso del sistema penal como herramienta para sancionar a la disidencia política.

Estos informes destacan que en Cuba, las detenciones suelen abarcar a grupos completos de manifestantes, activistas y comunidades religiosas, en lugar de casos individuales. La práctica habitual incluye arrestos sin notificación previa, sin acceso a defensa legal, aislamiento y en algunos casos, desapariciones forzadas, lo que contraviene múltiples artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

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La represión en Cuba desde 2019

Prisoners Defenders señala que los informes del WGAD entre 2019 y 2025 muestran que Cuba tiene el promedio más alto del mundo de personas detenidas por cada resolución emitida, con más de cinco casos por dictamen. A diferencia de otros países donde los pronunciamientos se refieren a individuos, en Cuba un solo informe puede abarcar a grupos enteros de manifestantes, activistas u organizaciones religiosas.

Muchas de estas personas ejercían derechos reconocidos internacionalmente, como la libertad de expresión, la libertad religiosa, el derecho a la reunión pacífica y la participación cívica, pero fueron privadas de libertad sin garantías judiciales, sin defensa técnica y en condiciones de incomunicación o desaparición forzada. Esto revela un patrón de represión estructural que violenta múltiples artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

El patrón de detención selectiva afecta principalmente a activistas, periodistas, opositores y comunidades religiosas. La motivación política y discriminatoria es una constante, según los informes de la ONU, que reflejan un uso sistemático del sistema judicial como herramienta de control social.

Detenciones, torturas y juicios sin garantías

Las protestas masivas del 11 de julio de 2021, conocidas como 11J, dejaron más de 1.500 detenidos en toda Cuba. El WGAD analizó recientemente 49 casos relacionados con estas protestas, calificándolos como arbitrarios y contrarios al derecho internacional. En muchos casos, los arrestos se realizaron sin órdenes judiciales ni notificación a los detenidos, algunos permanecieron incomunicados durante días o semanas, lo que constituye desaparición forzada.

En el dictamen 46/2025, el organismo examinó la situación de 16 personas, muchas vinculadas a la Asociación de Yorubas Libres de Cuba, detenidas en Santa Clara. Ninguna de ellas fue presentada ante un juez en las 48 horas siguientes a su arresto, incumpliendo así las normas internacionales. En otro caso, el dictamen 57/2025, se analizaron a 33 civiles juzgados por tribunales militares, a pesar de tratarse de manifestantes pacíficos, lo que violó varios artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Entre los casos más graves están el de Lisdani Rodríguez Isaac, quien estuvo embarazada sin recibir atención prenatal adecuada, y Loreto Hernández García, líder religioso con enfermedades crónicas que denunció amenazas de muerte en prisión. Además, varias excarcelaciones recientes han estado condicionadas a restricciones como trabajos forzados, prohibiciones de expresarse en redes sociales y amenazas de reingreso a prisión.

El sistema penal como mecanismo de control en Cuba

El WGAD concluye que en Cuba, el sistema penitenciario funciona como un mecanismo de control social, dirigido a comunidades religiosas, organizaciones sociales y movimientos ciudadanos. El informe señala que la policía, la fiscalía, los tribunales y las cárceles trabajan en conjunto para silenciar la disidencia y desarticular redes prodemocráticas, mediante detenciones arbitrarias y prolongadas.

La prisión preventiva, en muchos casos, se aplica como una pena anticipada, sin intervención judicial adecuada, y durante meses en condiciones que vulneran la presunción de inocencia. Muchas víctimas continúan en prisión en condiciones precarias, mientras otras han sido liberadas bajo figuras como la libertad condicional, pero con restricciones severas que limitan su libertad de movimiento y expresión, y amenazan con su reclusión futura.