Propuesta del Gobierno de José Jerí genera preocupación por posible afectación a la prensa

El Gobierno liderado por José Jerí ha enviado al Congreso un proyecto de ley que solicita facultades legislativas en 22 áreas distintas. Entre las novedades, destaca la inclusión de una disposición que contempla la creación de un delito por la revelación de información reservada, lo que podría tener implicaciones directas en la labor de la prensa y en el acceso a datos de interés público. La iniciativa también incorpora medidas similares a propuestas impulsadas en administraciones anteriores.

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El proyecto del Ejecutivo busca modificar el Código Penal, el Código Procesal Penal y otras normativas relacionadas con seguridad, justicia y administración pública. Entre los aspectos más controversiales se encuentra la penalización de la divulgación de información vinculada a investigaciones fiscales o policiales, una medida que podría limitar la cobertura periodística en casos de corrupción o crimen organizado.

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Además de la creación del nuevo delito, el proyecto contempla reformas destinadas a incrementar sanciones, establecer nuevos tipos penales y reorganizar funciones en diferentes ámbitos estatales. Sin embargo, varias de estas medidas ya fueron implementadas en administraciones pasadas sin obtener resultados sostenibles. La repetición de estas políticas evidencia que, en diversos periodos, el Legislativo ha aprobado cambios de corto plazo que no abordan las causas estructurales de los problemas.

El proyecto también incluye propuestas en áreas económicas, tributarias y administrativas, que abarcan desde inversiones públicas hasta procedimientos relacionados con medio ambiente y migración. La amplitud del pedido refleja un uso intensivo del mecanismo de delegación legislativa, que permitiría al Ejecutivo emitir decretos con rango de ley en múltiples sectores en un período corto.

José Jerí solicita la creación de un delito que podría afectar el trabajo de la prensa

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la facultad para establecer un delito relacionado con la revelación de información reservada en investigaciones fiscales y policiales. La propuesta contempla sanciones para quienes difundan datos considerados sensibles, lo que podría afectar directamente a la prensa cuando accede a documentación que revela abusos de poder, corrupción u otras irregularidades dentro del Estado.

El texto del proyecto no especifica claramente qué tipo de información quedaría protegida ni cómo se definiría la reserva. La ambigüedad en estos conceptos puede llevar a interpretaciones amplias, permitiendo que cualquier difusión relacionada con procesos en curso sea considerada infracción, incluso si se trata de información de interés público. Esto representa un riesgo para el ejercicio periodístico y para el control ciudadano sobre la gestión estatal.

La propuesta se inscribe en un contexto político donde ya se han promovido iniciativas similares para restringir la circulación de información sobre investigaciones oficiales. En septiembre, la Comisión de Justicia discutió un proyecto que buscaba ampliar el delito de “publicación indebida de correspondencia”, con el fin de sancionar a periodistas que difundan chats, correos o mensajes digitales, incluso cuando estos contienen información de interés público. Aunque este proyecto no prosperó, su existencia refleja un interés en limitar la exposición de casos que involucran a autoridades.

La propuesta del Gobierno también contempla sanciones para quienes publiquen filtraciones relacionadas con operativos, diligencias o decisiones fiscales. En la práctica, esto podría reducir significativamente el acceso a información clave, dificultando que la ciudadanía conozca detalles de procesos que, en muchas ocasiones, han sido revelados gracias al trabajo periodístico.

ANP filial Lima expresa preocupación por el posible impacto en el trabajo periodístico

La presidenta de la filial Lima de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Jeanette Pérez Osorio, manifestó su profunda preocupación ante la propuesta del Ejecutivo. Aseguró que, si bien el Estado debe proteger la información reservada cuando corresponda, una redacción ambigua y abierta puede convertirse en un mecanismo que restrinja la labor de la prensa y limite el derecho del público a estar informado.

Pérez Osorio recordó que las filtraciones han sido fundamentales para revelar casos de corrupción, abusos de poder e irregularidades que la ciudadanía tiene derecho a conocer. Además, afirmó que no se puede “perseguir al mensajero”, puesto que el periodismo cumple una función democrática esencial al fiscalizar a las autoridades y proteger el interés público.

La representante de la ANP advirtió que este tipo de propuestas ya han sido intentadas en otros gobiernos y que, en la mayoría de los casos, han funcionado más como herramientas de presión que como soluciones efectivas a los problemas de seguridad y justicia en el país.

Finalmente, resaltó que cualquier norma que limite la libertad de prensa afecta también el control ciudadano y el equilibrio democrático. Por ello, hizo un llamado a mantener la vigilancia y a evitar que iniciativas similares avancen sin un análisis profundo y una protección adecuada para la labor periodística.