Perú: Decisión judicial histórica para ex presidentes Vizcarra y Castillo en 2025

El miércoles 26 de noviembre de 2025 marcará un momento crucial en la historia judicial del Perú. El Poder Judicial tiene previsto emitir las sentencias en los casos de los ex presidentes Martín Vizcarra Cornejo y Pedro Castillo Terrones. Estas audiencias, que se desarrollarán en forma simultánea, serán transmitidas en vivo a través de JusticiaTV y las plataformas de streaming de La República, permitiendo que la ciudadanía siga en tiempo real el desenlace de estos procesos.

Audiencias simultáneas y transmisión en vivo

La lectura de las sentencias comenzará a partir de las 9:00 de la mañana en la sede judicial ubicada en la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES) de la Policía Nacional, en las inmediaciones del penal de Barbadillo, en Ate. Este es el lugar donde el ex presidente Pedro Castillo cumple prisión preventiva desde hace casi tres años. La expectativa es alta, dado el impacto político y social que estos casos generan en el país.

Contexto y antecedentes de los procesos

Las audiencias de estos juicios comenzaron el 4 de marzo de 2025 y están a cargo de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia. Este tribunal está compuesto por los jueces supremos provisionales José Neyra Flores (presidente), Iván Guerrero López y Norma Carbajal Chávez (ponente y directora de debates). Debido a la naturaleza política de los casos, las sesiones han tenido un alto componente mediático y político, influyendo en la posible resolución final.

En el proceso, junto a Pedro Castillo, se determinará la responsabilidad de ex ministros como Betssy Chávez Chino, Aníbal Torres Vásquez, Willy Huerta Olivas, además de oficiales de la Policía Nacional, incluyendo a Manuel Lozada Morales, Justo Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez.

Situación de los acusados

El pasado viernes, el juez de investigación preparatoria de la Corte Suprema, Juan Carlos Checkley Soria, dictó una orden de prisión preventiva contra Betssy Chávez Chino, quien actualmente se refugia y obtuvo asilo político en la embajada de México en Lima. Los otros acusados, por su parte, cumplen comparecencia simple y permanecen en libertad.

Martín Vizcarra: juicio en la Corte Penal Nacional

Por su parte, la sentencia para el ex presidente Martín Vizcarra Cornejo será dictada en la Corte Penal Nacional, ubicada a pocos metros de la Plaza San Martín y del Jurado Nacional de Elecciones. Vizcarra, quien actualmente goza de medidas restrictivas y se encuentra en libertad, enfrentará un proceso por presunto delito de cohecho (soborno) durante su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011-2014).

El juicio, iniciado el 28 de octubre de 2024, fue llevado a cabo por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado, integrado por los jueces Fernanda Isabel Ayasta Nassif, Giovanni Félix Palma y Andy Rodríguez Domínguez. La Fiscalía solicita una pena de 15 años de prisión para Vizcarra, quien niega haber coordinado o recibido pagos de las empresas Obrainsa e ICCSA, que se acogieron a la colaboración eficaz.

Además, Vizcarra enfrenta otro proceso judicial pendiente de juicio público por el delito de colusión. La Corte Suprema ha señalado que corresponderá a los jueces determinar si ambos casos son sustancialmente similares y si procede un solo proceso.

El posible desenlace y las implicancias de la sentencia

La decisión del tribunal puede resultar en una condena o en la absolución de los acusados. En el caso de Pedro Castillo, quien ha negado haber cometido el delito de rebelión, argumentando que su participación se limitó a leer una proclama en acto político, la sentencia será definitiva.

El Ministerio Público ha solicitado una pena de 25 años de prisión por rebelión, aunque el tribunal, en una audiencia previa, decidió desvincular esa acusación y considerar el delito de conspiración para rebelión, con una pena máxima de 10 años. La audiencia también abordará la situación de Betssy Chávez, quien obtuvo asilo en México, pero cuya responsabilidad será decidida por los jueces, sin aplicar la figura de la contumacia, por lo que podrían dictar una condena en ausencia.

Implicaciones políticas y futuras

El proceso judicial contra Vizcarra se fundamenta en las declaraciones de colaboradores eficaces, empresarios y empleados que habrían realizado pagos relacionados con contratos en Moquegua. La fiscalía, sin embargo, no ha logrado presentar pruebas concluyentes de que Vizcarra haya recibido directamente dinero. La causa se divide en dos cargos: cohecho y colusión.

El ex mandatario insiste en su inocencia y denuncia que estas acciones judiciales forman parte de una persecución política, vinculada, según él, al cierre del Congreso el 30 de septiembre de 2019. Además, ha manifestado su intención de postularse como candidato a la vicepresidencia por el partido Perú Primero, en un contexto marcado por la incertidumbre y la tensión política en el país.