Boluarte presenta demanda de amparo contra el Congreso por irregularidades en su vacancia

La expresidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, ha presentado formalmente una demanda de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. La acción legal busca anular la Resolución del Congreso 001-2025-2026-CR, emitida el pasado 10 de octubre de 2025, mediante la cual se declaró su permanente incapacidad moral y su consecuente vacancia del cargo.

La demanda no cuestiona la competencia política del Parlamento para fiscalizar, sino que centra su denuncia en “la forma” en que se llevó a cabo el procedimiento. La defensa de Boluarte argumenta que el Legislativo incurrió en una “grosera violación” del debido proceso y del derecho a la defensa, al imponer plazos que hicieron prácticamente imposible que la expresidenta pudiera presentar su descargo.

La polémica sobre el corto plazo para la defensa

“Plazo irrisorio”: menos de una hora para la defensa

El núcleo de la demanda se centra en la cronología de los hechos ocurridos la noche del 9 de octubre de 2025. Según el documento, el Pleno del Congreso admitió a trámite cuatro mociones de vacancia (Nros. 19769, 19770, 19771 y 19772) y ordenó su acumulación de manera inmediata.

La defensa denuncia que la citación oficial (Oficio N° 078-2025-2026-ADP/PCR) fue enviada a las 22:50 horas, convocando a la presidenta a presentarse en el Hemiciclo a las 23:30 horas del mismo día. Este lapso de menos de una hora es calificado por la defensa como un período “irrisorio” e inconstitucional.

Se argumenta que resulta humanamente imposible revisar cuatro mociones distintas, contactar a la defensa técnica, preparar argumentos de hecho y de derecho, organizar medios probatorios y trasladarse a la sede del Congreso en menos de 60 minutos. La demanda sostiene que esta situación vulneró el derecho a la defensa, convirtiendo la citación en una formalidad vacía, que condenó a Boluarte a una “indefensión material”.

Violaciones a estándares internacionales y precedentes jurídicos

La demanda invoca el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que garantiza a toda persona el derecho a disponer del “tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa”.

Además, cita jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos como Castillo Petruzzi vs. Perú y Barreto Leiva vs. Venezuela, argumentando que el Estado peruano ha sido condenado en ocasiones anteriores por no notificar cargos con la debida anticipación.

Se hace una comparación con los procesos de vacancia de expresidentes como Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. En estos casos, el Congreso otorgó plazos de días para la presentación de la defensa tras la admisión de las mociones.

La defensa de Boluarte sostiene que la rapidez con la que se actuó el 9 de octubre vulneró el principio de igualdad y evidenció un trato discriminatorio, influenciado por mayorías políticas coyunturales.

Incapacidad moral sin debate probatorio

Otro aspecto central del amparo es la supuesta vulneración del derecho al honor y a la buena reputación. La defensa argumenta que la calificación de “incapacidad moral permanente” no puede ser aplicada como una sanción automática basada únicamente en votos.

Se cita la sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente N° 01803-2023-HC, relacionada con el caso de Pedro Castillo, en la que se señala que la vacancia requiere que la imputación sea “discutida y probada”.

Al no haberse permitido un espacio real para la defensa y el contraditorio, la resolución legislativa sería considerada inconstitucional. La demanda insiste en que el Congreso no puede utilizar su reglamento para justificar una vacancia sin un proceso adecuado y con pruebas suficientes.

En definitiva, la acción legal presentada por Boluarte busca que se respeten los derechos constitucionales y los estándares internacionales en procesos de vacancia, reclamando un procedimiento justo y transparente que garantice su defensa y el debido proceso legal.