Proyecto de ley del Gobierno busca criminalizar la revelación de información reservada y genera rechazo

El Ejecutivo continúa promoviendo la creación de un nuevo delito que penalice la revelación de información reservada relacionada con investigaciones penales y actuaciones policiales. Esta propuesta ha sido criticada por la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y otros sectores por su potencial impacto en la libertad de prensa y el acceso a la información pública.

Contexto y antecedentes del proyecto

La iniciativa forma parte de la propuesta del Gobierno de José Jerí para fortalecer las medidas en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. La medida fue presentada este lunes 24 ante la Comisión de Constitución del Congreso y busca establecer un marco legal que sancione con mayor severidad la revelación de información confidencial.

Detalles del proyecto de ley

El documento, que fue ingresado al portal del Legislativo el pasado 20 de noviembre, establece que el delito de revelación de información reservada tiene como finalidad «proteger» datos vinculados a la «persecución penal, investigaciones y operaciones de seguridad». Además, busca «fortalecer la ética funcional de los servidores y funcionarios públicos que acceden a información clasificada o sensible». La sanción incluiría, además de la pena, la inhabilitación del funcionario responsable.

Defensa del proyecto por parte del gobierno

Durante su exposición ante los miembros de la Comisión de Constitución, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, defendió la iniciativa señalando que la revelación de información representa una «amenaza grave que debilita al Estado desde adentro». Según explicó, las filtraciones permiten que las bandas criminales conozcan detalles de investigaciones en curso, lo que pone en riesgo a víctimas de extorsión y denunciantes.

«La ley no castiga este acto con la severidad que merece, por eso proponemos crear un tipo penal específico para quienes, siendo funcionarios, revelen información secreta de investigaciones. Además, buscamos que estos funcionarios sean separados de manera definitiva de sus cargos», afirmó Tiburcio.

Reacciones ante el proyecto

El ministro no hizo referencia a las críticas que ha recibido la iniciativa, pero fue el primer ministro, Ernesto Álvarez, quien salió a aclarar la posición del gobierno en medios de comunicación.

Primer ministro niega que se trate de una «ley mordaza»

En una entrevista con RPP, Ernesto Álvarez afirmó que la propuesta no busca limitar la libertad de prensa. Según sus palabras, la intención es «penalizar a policías, fiscales o jueces que pasen información a investigados». Actualmente, indicó, solo existe una sanción administrativa, pero no penal, para estos casos.

«La propuesta del Ministerio de Justicia es establecer sanciones penales para quienes alerten a los investigados sobre operaciones de la justicia, en un ejercicio que debe ser respetuoso del debido proceso», explicó. Además, aseguró que no hay intención de atacar a la prensa y que los periodistas serán consultados antes de la redacción del decreto legislativo para recibir sus recomendaciones. «Para nosotros, los periodistas son aliados y su trabajo legítimo debe ser respetado», concluyó.

La Asociación Nacional de Periodistas califica la iniciativa como censura

Por su parte, la ANP expresó su rechazo a la propuesta, señalando que «criminaliza la difusión de información de interés público y constituye una forma de censura y persecución de fuentes reservadas, vulnerando el secreto profesional». La presidenta de la organización, Zuliana Lainez, afirmó en diálogo con medios locales:

«Ayer escuchamos que se intentó decir que la ley no se aplica a los periodistas, sino a los operadores de justicia. Pero, ¿quién difunde esa información? Exactamente, los periodistas. Por ello, esta norma pone en riesgo la libertad de prensa y la investigación periodística de temas de interés público».

En un comunicado oficial, la ANP advirtió que, de aprobarse, la ley afectaría la libertad de información sobre investigaciones penales de relevancia pública, especialmente en casos en los que están involucrados personajes políticos y sectores con interés en mantener la confidencialidad de ciertos expedientes.

Historial de intentos de limitar la prensa en el país

Este no es el primer intento del Estado por restringir la labor de los medios. En 2025, la entonces presidenta Dina Boluarte promulgó la Ley N.º 32301, que otorga al Estado facultades de control previo sobre los medios que reciben financiamiento internacional. La norma exige que estas organizaciones sean registradas en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y que sus actividades sean aprobadas previamente.

La ley también contempla sanciones severas y conceptos ambiguos como «participación en política interna» o «alteración del orden público», que podrían ser utilizados para justificar restricciones y sanciones contra medios y organizaciones independientes.