Congreso aprueba informe final para inhabilitar a Pedro Castillo por golpe de Estado fallido

La Comisión Permanente del Congreso de Perú ha aprobado el informe final que busca inhabilitar al expresidente Pedro Castillo por su intento de perpetrar un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022. La decisión se tomó con 13 votos a favor y 6 en contra. Este informe consolida las denuncias constitucionales números 547 y 575, relacionadas con los hechos del fallido intento de disolución del Congreso y otras acciones tomadas por el exmandatario.

Defensa de Pedro Castillo en el Congreso

El excongresista Carlos Torres Caro asumió la defensa del expresidente ante el Hemiciclo. En su intervención, criticó que el Congreso no le haya otorgado el tiempo suficiente para preparar su respuesta a la denuncia constitucional. Antes de ser retirado por el tercer vicepresidente del Parlamento, Ilich López, Torres Caro comparó a los legisladores con los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza.

Durante su intervención, Torres Caro afirmó: “¿Ustedes saben cómo Jorge Luna y Ricardo Mendoza lograron llenar el Madison en Nueva York? Hablando las mismas huevadas que ustedes”.

Denuncia constitucional contra Pedro Castillo

El informe de inhabilitación acusa a Pedro Castillo Terrones de haber infringido más de 20 artículos de la Constitución peruana. Esto ocurrió tras su anuncio de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022, declarar un gobierno de excepción y proponer la reorganización de instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional.

Procesos judiciales y políticos en su contra

Es importante distinguir entre los dos procesos que enfrenta el expresidente Pedro Castillo Terrones. Por un lado, la sanción política de inhabilitación, y por otro, el juicio penal que busca una sentencia judicial definitiva. El informe final aprobado por el Congreso corresponde a la primera de estas acciones, que es de carácter político.

El proceso de inhabilitación se realiza por infracción a la Constitución, específicamente por su intento de golpe de Estado. La Comisión Permanente recomienda inhabilitar a Castillo para ejercer cargos públicos durante diez años. De ser aprobado en el Pleno del Congreso, esta sanción impediría que el exmandatario ocupe cualquier función pública en el país. La máxima sanción política posible en Perú, esta medida busca impedirle participar en actividades públicas durante ese período.

Por otro lado, el proceso de juicio penal busca una sentencia judicial por los delitos presuntamente cometidos por Castillo. La Fiscalía lo acusa de ser coautor de los delitos de Rebelión y Conspiración para la Rebelión, además de Abuso de Autoridad y Grave Perturbación de la Tranquilidad Pública. La Fiscalía ha solicitado una pena de 34 años de prisión.

Actualmente, el caso se encuentra en la etapa de juicio oral ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. Pedro Castillo permanece en prisión preventiva desde su detención, y se espera que la Corte Suprema emita una sentencia que determine su culpabilidad o inocencia en el ámbito penal.