¡Choque en Bolivia: Tribunal Constitucional ordena la salida inminente de magistrados que extendieron su mandato ilegalmente!

El Tribunal Constitucional de Bolivia ordena la salida de magistrados que extendieron su mandato

El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (TCP) emitió este martes una resolución que obliga a cinco magistrados del propio tribunal y a dos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a abandonar sus cargos en un plazo de diez días hábiles. La decisión, conocida como auto constitucional 0087/2025-0, responde a la extensión ilegal de sus periodos en el cargo, que se mantuvieron más allá del mandato establecido por la ley.

Estos funcionarios permanecieron en sus funciones desde finales de 2023, argumentando una interpretación constitucional que generó controversias y procesos judiciales en diferentes instancias del Estado. La resolución busca poner fin a una etapa marcada por la falta de elecciones judiciales y por cuestionamientos provenientes de organizaciones políticas y sociales, que calificaron la prórroga como un acto de autoridad sin respaldo legal.

## Antecedentes y alcance de la resolución

Los magistrados afectados son Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navía, Isidora Jiménez Castro, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo y Karem Lorena Gallardo Sejas, todos del TCP. Además, la medida afecta a Ricardo Torres Echalar y Carlos Alberto Egüez Añez del TSJ, quienes debían concluir su gestión en diciembre de 2023. Sin embargo, continuaron en funciones tras la emisión de la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023, que habilitó su continuidad debido a la ausencia de un proceso electoral para reemplazarlos.

El auto constitucional establece que el período de diez días hábiles permitirá resolver causas pendientes y garantiza que las decisiones tomadas por estas autoridades prorrogadas sigan vigentes y firmes, con el fin de evitar un colapso en el sistema judicial. Además, se aclaró que los nuevos magistrados elegidos en 2024 no participaron en las deliberaciones previas, ya que no tenían conocimiento del caso antes de su nombramiento.

## Contexto y repercusiones políticas

La publicación del fallo coincidió con una audiencia en la que la Sala Constitucional Primera de Potosí analizaba una acción popular presentada por Sandra Beatriz Aiza. La ciudadana solicitó medidas para restaurar la institucionalidad y cuestionó la continuidad de los magistrados prorrogados. La audiencia se convirtió en un escenario de debate nacional, en medio de la tensión por la postergación de las elecciones judiciales previstas para 2024.

Horas antes, el presidente del TSJ, Rómer Saucedo, acusó a los magistrados prorrogados de intentar influir en jueces constitucionales mediante una supuesta «ficticia complementación» de decisiones previas del TCP. “Bolivia no se arrodilla ante los usurpadores de la justicia”, afirmó Saucedo en una declaración pública.

## Defensa y justificación de los magistrados

Los magistrados que deben abandonar sus cargos defendieron su decisión de prolongar sus mandatos, argumentando que actuaron para asegurar la continuidad institucional del país. Aseguraron que su gestión evitó que decisiones anteriores del TCP habilitaran una reelección indefinida, que consideran un avance en la protección de derechos humanos. En su comunicado, sostuvieron que nunca entregaron el poder constitucional a los actores políticos y que su labor permitió garantizar las elecciones nacionales de 2025.

## La crisis en la renovación del sistema judicial

La falta de elecciones judiciales continúa siendo uno de los principales problemas que enfrenta Bolivia. El proceso de renovación de las autoridades judiciales se paralizó en 2023, debido a desacuerdos entre el oficialismo y la oposición respecto a los reglamentos, candidatos y mecanismos de selección. La ausencia de un acuerdo impidió avanzar en la designación de nuevos magistrados, dejando al sistema en una situación sin precedentes, con funcionarios que permanecen en sus cargos más allá del período establecido por la Constitución, que establece un mandato de seis años sin posibilidad de prórroga.

Este fallo del Tribunal Constitucional marca un intento por restablecer la legalidad y la institucionalidad en un momento de alta tensión política en Bolivia. La espera ahora se centra en la implementación efectiva de la orden y en la recuperación de la confianza en los órganos judiciales del país.