Presentan hábeas corpus para impedir ingreso policial a la embajada de México

Abogado presenta habeas corpus preventivo para proteger la embajada de México

El abogado Jesús Barboza interpuso un recurso de habeas corpus preventivo con el fin de evitar que las fuerzas del orden ingresen a la embajada de México en Perú para retirar a la exministra Betssy Chávez. La medida busca detener cualquier posible intervención en la sede diplomática, ante la orden del Poder Judicial que dispuso cinco meses de prisión preventiva contra Chávez, debido al riesgo de fuga en el marco de la investigación por el fallido intento de golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre de 2022.

Detalles del recurso y medidas solicitadas

La demanda de protección solicita que se dicten un total de seis medidas. Entre las principales se encuentra la petición de que ninguna autoridad, incluyendo al presidente de la República, José Jerí, la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público o el Poder Judicial, puedan ingresar por la fuerza, requisar, allanar o intervenir la sede diplomática de México sin el consentimiento expreso de la misión diplomática. Además, se busca que se exima de responsabilidad administrativa, civil, penal y política tanto a nivel nacional como internacional.

Asimismo, se solicita la implementación de medidas de protección y cautelares urgentes para garantizar la seguridad del recinto diplomático y de las personas refugiadas o presentes en la embajada. Entre los emplazados en el proceso se encuentran José Jerí, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, y la representante del Poder Judicial, Janet Tello.

¿Qué busca el habeas corpus preventivo?

Los seis pedidos principales del habeas corpus son los siguientes:

1. Reconocer la amenaza grave y concreta a la inviolabilidad de la sede diplomática, conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y al artículo 55 de la Constitución peruana.
2. Ordenar que ninguna autoridad, incluyendo al presidente, la Policía Nacional, el Ministerio Público o el Poder Judicial, puedan ingresar por la fuerza, requisar, allanar o intervenir la embajada sin el consentimiento expreso de la misión diplomática.
3. Prohibir al Poder Ejecutivo y a la Policía Nacional realizar cualquier acto de ingreso, captura o intervención en la embajada, incluso si se fundamenta en órdenes judiciales relacionadas con Betssy Chávez o cualquier otro investigado.
4. Implementar medidas de protección y cautelares urgentes para salvaguardar la integridad del recinto y de las personas dentro de la misión diplomática.
5. Disponer la comunicación inmediata de esta resolución al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio del Interior y a la Presidencia del Consejo de Ministros para su cumplimiento y supervisión.
6. Condicionar a los responsables al pago de los costos del proceso, conforme a lo establecido en el Artículo 28 de la Ley No 31307, el Código Procesal Constitucional, y sus modificaciones.

Rechazo del gobierno peruano a un posible ingreso forzado

El canciller Hugo de Zela descartó categóricamente la posibilidad de que las fuerzas del orden ingresen a la embajada de México para retirar a Betssy Chávez, quien tiene una orden de prisión preventiva de cinco meses en relación con el proceso por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. En declaraciones recientes, el canciller afirmó:

«Yo he conversado con el presidente sobre el tema y le puedo decir con absoluta claridad que esa hipótesis no se dará en la realidad: la hipótesis de entrar a la embajada por la fuerza.»

El ministro también explicó que las tensiones diplomáticas con México no comenzaron con la concesión de asilo a Chávez Chino, sino que se agravaron en 2022, cuando México acogió a la familia presidencial peruana y sostuvo públicamente que Pedro Castillo Terrones sigue siendo el presidente constitucional del Perú.

Por su parte, el primer ministro Ernesto Álvarez también manifestó que el gobierno no tiene intención de ingresar a la embajada. En sus palabras:

«De manera técnica, tanto el que habla, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, como el canciller Hugo de Zela, con una vasta experiencia en diplomacia, sabemos que no es posible tratar de sustraer del ámbito de la sede diplomática a una persona, incluso por motivos de interés judicial, ya que ello violaría la inviolabilidad establecida en la ley internacional.»