Martín Vizcarra asistirá a lectura de sentencia el 26 de noviembre, pese a advertencias

Martín Vizcarra confirma su asistencia a la lectura de sentencia el 26 de noviembre

El expresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, ha confirmado que asistirá de manera presencial a la audiencia en la que se leerá su sentencia el próximo miércoles 26 de noviembre a las 9:00 a.m. La audiencia será presidida por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, integrado por los jueces Fernanda Isabel Ayasta Nassif, Giovanni Félix Palma y Andy Rodríguez Domínguez.

El fallo determinará si Vizcarra Cornejo es considerado responsable del delito de cohecho pasivo propio, relacionado con los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Por estos hechos, el Ministerio Público solicita una pena de 15 años de prisión.

Defensa de Vizcarra y postura ante la audiencia

Su defensa, a cargo del abogado Erwini Siccha, solicitó en la última audiencia la absolución total del expresidente, argumentando que no existen pruebas materiales que acrediten el pago de coimas. La estrategia legal busca demostrar la falta de evidencias concluyentes que relacionen a Vizcarra con los delitos imputados.

Reacciones y declaraciones de Vizcarra

Vizcarra ha sido enfático en su intención de acudir a la lectura de sentencia, desestimando rumores sobre una posible fuga o solicitud de asilo. En declaraciones a la emisora Exitosa, afirmó: «En mi mismo partido, hay gente que me estima mucho, que cree en mí y me dicen: ‘Presidente, no se ponga a derecho, escápese. No es justo porque la justicia está siendo manejada por presiones mediáticas’». Además, expresó: «Hasta en mi familia están muy preocupados por mi situación». Sin embargo, aseguró que cumplirá con su obligación y se presentará ante las autoridades.

Esta postura surge en medio de un contexto político marcado por recientes casos de exfuncionarios que han buscado asilo en embajadas o han evitado comparecer ante la justicia, como Betssy Chávez y Óscar Acuña. Durante sus alegatos finales, Vizcarra insistió en su inocencia, afirmando: «Tengo la confianza de que actuarán de manera correcta, por eso nunca se me ha pasado por la cabeza la opción de una fuga».

¿De qué se le acusa a Martín Vizcarra?

El Ministerio Público, representado por el fiscal Germán Juárez Atoche, ha solicitado una condena de 15 años de prisión para el exmandatario. La acusación se basa en el presunto recibimiento de sobornos que sumarían aproximadamente S/2.4 millones (unos US$710.000), entregados por las empresas ICCGSA y OBRAINSA a cambio de la adjudicación de los proyectos del Hospital de Moquegua y las Lomas de Ilo. Estos hechos ocurrieron durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, entre 2011 y 2014.

Detalles de las investigaciones y supuestos sobornos

El proyecto Lomas de Ilo se inició el 4 de noviembre de 2013, fecha en la que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) solicitó al consorcio liderado por Obrainsa un ajuste en su propuesta económica. Según la Fiscalía, al día siguiente, Vizcarra habría contactado a Elard Tejeda, gerente de Obrainsa, para coordinar una reunión decisiva en la que presuntamente se habría acordado el pago de sobornos. Los fondos ilícitos, según la investigación, se retiraron en dos etapas: S/400.000 el 27 de enero de 2014 y S/600.000 el 4 de abril, totalizando aproximadamente un millón de soles en coimas.

Respecto al Hospital de Moquegua, la Fiscalía señala que el 27 de noviembre de 2013, UNOPS convocó una reunión que fue trasladada al evento del CADE. Participaron actores relevantes como Rafael Granados Cueto (ICCGSA), José Manuel Hernández (consultor) y Vizcarra, que en ese momento era gobernador regional. En esa reunión se realizó un reajuste contractual que redujo el monto del proyecto a S/123.4 millones. La Fiscalía sostiene que esta decisión fue resultado de un acuerdo previo, realizado en secreto, y que las conversaciones interceptadas evidencian la planificación de pagos ilegales en varias fases.

Reparación civil y responsabilidades

Por estos casos, la Fiscalía también ha solicitado que tanto Vizcarra como las empresas ICCGSA, ObrainSA e INCOT asuman una reparación civil por un monto de S/4.671.971.