Ecuador impulsa reforma penitenciaria con incorporación de 10,000 funcionarios para retomar control y fortalecer seguridad

Reforma en el sistema penitenciario de Ecuador: mayor profesionalización y control

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, anunció un cambio estructural en el sistema penitenciario del país, con el objetivo de que el Estado recupere el control total de las cárceles y libere a las fuerzas del orden de tareas que no corresponden a su función principal. Una de las medidas clave será la incorporación de aproximadamente 10.000 nuevos funcionarios, principalmente exmiembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en situación de retiro.

Durante una entrevista en FM Mundo el 31 de julio de 2025, Reimberg explicó que esta iniciativa busca profesionalizar la gestión penitenciaria, reducir la dependencia de policías y militares en servicio activo en tareas operativas y mejorar la seguridad ciudadana. Los nuevos agentes serán capacitados para asumir funciones administrativas y operativas en el Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), que actualmente enfrenta múltiples desafíos estructurales.

Transformación del sistema penitenciario y seguridad

El ministro afirmó que esta reforma permitirá que los policías y militares en activo vuelvan a concentrarse en sus tareas originales, como patrullaje, investigaciones y combate directo al crimen organizado. Reimberg subrayó que la meta es construir una institucionalidad sólida en el sistema penitenciario, sustentada en personal capacitado y decisiones profesionales, dejando atrás la improvisación.

En ese sentido, ya se están evaluando perfiles de exuniformados que cumplan con requisitos técnicos, conocimientos en seguridad y habilidades operativas. La capacitación y vinculación del personal se realizarán en etapas, priorizando las cárceles con mayores problemas de seguridad y recursos humanos insuficientes.

Contexto de violencia y desafíos institucionales

La propuesta surge en un contexto marcado por la violencia carcelaria, el hacinamiento, la corrupción interna y la presencia de organizaciones criminales dentro de las cárceles. Aunque el gobierno ha reforzado el control con operativos conjuntos de policías y militares —el llamado Bloque de Seguridad—, Reimberg reconoció que esta estrategia no puede mantenerse indefinidamente. La idea es que, en el largo plazo, el control sea asumido por personal especializado y profesionalizado.

El ministro también resaltó la importancia de que el sistema judicial actúe de manera coherente con las acciones del Ejecutivo. Aseguró que en el pasado hubo casos en los que jueces y fiscales favorecieron a criminales, pero que actualmente hay un mayor rigor judicial para evitar la impunidad. El gobierno ha señalado a responsables concretos en decisiones que van en contra del interés ciudadano, promoviendo un sistema más justo y efectivo.

Una estrategia integral contra el crimen organizado

Desde la administración del expresidente Noboa, el discurso oficial insiste en que la lucha contra el crimen organizado debe ser una guerra frontal. En ese marco, Reimberg afirmó: “Estamos en una guerra decidida y comprobada. Todos los días luchamos contra el crimen organizado”.

La reforma penitenciaria también busca evitar repetir experiencias fallidas, como la asignación de cargos a civiles sin preparación en el sistema. Además, esta iniciativa coincide con la transferencia del servicio de cárceles al Ministerio de Gobierno, en un esfuerzo por fortalecer la gobernabilidad en medio de una crisis de violencia y desconfianza ciudadana.

En un contexto de reformas institucionales, fusiones ministeriales, despidos en el sector público y ajustes presupuestarios, la incorporación de estos 10.000 funcionarios se presenta como una estrategia clave para que Ecuador fortalezca su control territorial y mejore la gestión del sistema penitenciario, en busca de una mayor seguridad y orden social.