Delincuencia golpea a la política: asesinato de precandidato y ataques a aspirantes presidenciales

La delincuencia, una de las principales preocupaciones en Perú

En los últimos años, la delincuencia se ha consolidado como uno de los principales problemas que enfrentan los ciudadanos peruanos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre abril y septiembre de 2023, solo el 19,1% de las personas mayores de 15 años reportaron haber sido víctimas de delitos, lo que revela una notable subdeclaración del problema.

Además, el 80.9% de las víctimas no denuncian los hechos ante las autoridades, lo que dificulta la lucha contra la criminalidad y la implementación de políticas efectivas de seguridad ciudadana.

La criminalidad afecta la política y las elecciones generales de 2026

La incidencia de hechos delictivos también empieza a reflejarse en el escenario político. Hasta la fecha, dos candidatos presidenciales han sido víctimas de atentados, y un aspirante a diputado fue asesinado en circunstancias que aún están siendo investigadas. Estos hechos evidencian cómo la violencia y la inseguridad impactan directamente en los procesos electorales y en la seguridad de los candidatos.

El ataque a Rafael Belaunde, precandidato presidencial

El último incidente ocurrió cuando el pre-candidato a la presidencia por el partido Libertad Popular, Rafael Belaunde, fue atacado en Cañete. La agresión sucedió mientras inspeccionaba terrenos en Cerro Azul, en Cañete, y fue perpetrada por un individuo que se desplazaba en una motocicleta y abrió fuego contra él.

Según informaron las autoridades, Belaunde respondió disparando al menos 12 veces contra sus atacantes, logrando repeler la agresión. El ataque fue registrado y se inició una operación policial para esclarecer lo ocurrido.

La Policía Nacional del Perú (PNP) activó el ‘Plan Cerco’ para movilizar personal especializado, asegurar la zona y recopilar evidencias. Equipos de criminalística y homicidios acudieron al lugar para evaluar la escena, recoger pruebas balísticas y analizar las rutas de escape mediante videovigilancia y registros de peajes.

El jefe de la PNP, Óscar Arriola, informó que Belaunde se encontraba solo en el momento del ataque, sin acompañantes ni escoltas, y que brindó su declaración acompañado de un oficial de la División de Investigación Criminal de Cañete. Además, descartó que el incidente tenga motivaciones políticas o venganza personal, ya que no había amenazas previas ni conflictos relacionados con la propiedad que inspeccionaba.

El alcalde de Cerro Azul, José Pain, también se pronunció respecto al hecho. Puso a disposición las cámaras de seguridad del distrito para facilitar la investigación y aseguró que ningún ciudadano resultó herido en el incidente. El alcalde expresó su preocupación por la escalada de violencia y lamentó el clima de inseguridad que atraviesa la región.

Medidas de seguridad para candidatos y autoridades

El primer aspirante a la Presidencia en reportar un atentado fue Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular. En octubre de 2023, López Aliaga informó que el Estado reforzó su protección tras un intento de ataque mientras participaba en una actividad en Villa María del Triunfo. Un sujeto armado intentó dispararle, portando un arma con seis balas, y confesó su intención de disparar contra el entonces alcalde.

Este incidente generó rechazo en la Municipalidad Metropolitana de Lima y llevó a la intensificación de las medidas de seguridad para el candidato. Además, la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional anunció que, a partir del 23 de diciembre, todos los candidatos presidenciales podrán solicitar protección policial durante sus actividades públicas y traslados, en cumplimiento con el plazo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones.

El líder de Renovación Popular afirmó que la escalada de violencia afecta la tranquilidad del proceso electoral y que las medidas de protección son fundamentales para garantizar la seguridad de los candidatos y sus equipos.

Estos hechos reflejan la complejidad del escenario de seguridad en Perú, donde la criminalidad no solo afecta a la ciudadanía común, sino que también impacta directamente en el proceso democrático. La respuesta de las autoridades y la implementación de medidas de protección serán clave para garantizar un proceso electoral transparente y seguro.