Congreso aprueba inhabilitación a Delia Espinoza tras su rechazo

Congreso inhabilita por diez años a la fiscal suspendida Delia Espinoza

El Congreso de la República aprobó la inhabilitación de la fiscal de la Nación suspendida, Delia Espinoza, por un período de diez años para ejercer cargos públicos. La votación final fue de 71 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones, permitiendo la aprobación del informe final que la acusa de presunta infracción constitucional.

Detalles de la acusación

La principal causa de la sanción es una presunta infracción a la Ley 32130, que restablece la facultad de la Policía Nacional para liderar las investigaciones preliminares en delitos. Según los congresistas, Espinoza habría emitido una resolución que contraviene esta normativa, generando controversia en el ámbito judicial y político.

Contexto y proceso de la votación

La decisión se tomó en una jornada marcada por la rapidez del proceso. Inicialmente, la propuesta fue rechazada con solo 63 votos, por debajo del mínimo requerido de 68. Sin embargo, tras una reconsideración presentada por los congresistas Jorge Montoya y Norma Yarrow, se llevó a cabo una segunda votación en el mismo día. La reconsideración permitió que la inhabilitación se aprobara en esta segunda instancia.

Motivaciones políticas y declaraciones de congresistas

El congresista Jorge Montoya justificó su voto en la necesidad de proteger la autonomía del Congreso. Argumentó que la fiscal Espinoza había amenazado a la representación nacional y que su denuncia contra congresistas en ejercicio constituía un acto desproporcionado y beligerante. Además, la acusó de representar un «peligro público» por investigar a parlamentarios, lo que, según él, evidencia una persecución política. Los votos a favor de la inhabilitación, en su mayoría, parecen estar relacionados con la intención de blindar a ciertos actores políticos, como Tomás Gálvez.

Intervención de Fernando Rospigliosi y aceleración del proceso

La segunda votación se realizó bajo una notable premura, con la presidencia del congresista Fernando Rospigliosi. Este interrumpió al relator del informe, solicitando que se vaya directamente a la parte resolutiva: «Señor relator, solamente la parte resolutiva, por favor». Con esta orden, se aceleró el proceso, culminando en la votación que resultó en la inhabilitación de Espinoza.

Los congresistas que modificaron su voto en esta segunda votación fueron José María Balcázar (Perú Libre), Katy Ugarte (Juntos por el Perú) y Kira Alcarraz (no agrupada). Además, votaron en la segunda instancia algunos legisladores que no participaron en la primera, como Edith Julón (Alianza Para el Progreso), Guido Bellido (Perú Libre), Francis Paredes Castro (Podemos Perú), Silvia María Monteza (Acción Popular) y Juan Carlos Mori (Acción Popular). En total, estos ocho votos aseguraron la inhabilitación de Espinoza por una década.

Levantamiento del fuero y nuevas investigaciones

Previo a la inhabilitación, horas antes, el Congreso ya había aprobado el levantamiento del fuero a Espinoza, permitiendo que pueda ser investigada por presuntos delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica por no aplicar correctamente la Ley 32130. Esto implica que, a pesar de su cargo en el Ministerio Público, ahora puede ser sometida a investigaciones por parte de la misma institución que dirigió.

Implicaciones y contexto político

La decisión del Congreso evidencia un contexto de tensión política y posibles motivaciones partidarias, en el que la persecución a la fiscal Espinoza parece estar vinculada a intereses de protección y control político. La inhabilitación, además de sancionar supuestos incumplimientos normativos, parece responder a una estrategia para blindar a ciertos actores en el escenario judicial y político peruano.