Inhabilitación de Delia Espinoza divide al Congreso peruano y revela maniobras estratégicas

La inhabilitación de Delia Espinoza como fiscal de la Nación generó profundas divisiones en el Congreso peruano. La decisión no solo evidenció las tensiones existentes, sino que también estuvo marcada por una serie de maniobras y cambios estratégicos durante la segunda votación, que determinaron el desenlace del proceso.

Lejos de una sesión ordinaria, la jornada estuvo marcada por demoras, apuros en la conducción del debate y cambios de postura entre los parlamentarios, lo que generó suspicacias sobre la transparencia del proceso.

Primer intento y resultado inicial

Al mediodía, durante la sesión del Pleno, se llevó a cabo un primer intento por inhabilitar a Espinoza. Sin embargo, la votación no alcanzó los votos necesarios. El recuento final fue de 63 votos a favor, muy por debajo de los 68 requeridos por el reglamento para imponer una sanción de esa magnitud. Este resultado reflejaba, al menos en ese momento, la falta de consenso suficiente en el Congreso.

Reconsideración y segunda votación

Horas después, la situación cambió rápidamente. Los congresistas Jorge Montoya y Norma Yarrow presentaron solicitudes de reconsideración, lo que abrió la posibilidad de una segunda votación. Al reanudarse la sesión en la tarde, la conducción del proceso estuvo a cargo de Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, quien fue criticado por la demora en la votación para la reconsideración.

El tiempo otorgado fue de 7 minutos y 30 segundos, un período que generó incomodidad entre varios parlamentarios. Dos de ellos reclamaron públicamente por la extensión, y finalmente, se dio por concluido el trámite con un último llamado a votar.

La votación decisiva y cambios en las posturas

Durante la segunda votación, el aumento en los votos favorables a la inhabilitación no fue producto de un cambio espontáneo de opinión. Se evidenció una coordinación interna entre diferentes fuerzas congresales, que modificaron sus posturas en un intento por asegurar el resultado final.

En concreto, ocho parlamentarios cambiaron su voto en comparación con la primera votación. Entre ellos, Katy Ugarte (Juntos por el Perú), José Balcázar (Perú Libre) y Kira Alcarraz (sin agrupación política). Además, otros diputados como Francis Paredes y Guido Bellido (ambos de Podemos Perú), así como Silvia Monteza (Acción Popular), que no habían votado en la mañana, optaron por votar a favor en la tarde.

También se sumaron al apoyo Juan Mori (Acción Popular), quien había obtenido licencia en la sesión matutina y volvió para votar, y Elva Julón (Alianza para el Progreso), ausente en la primera ronda pero presente en la segunda.

Reacciones y suspicacias

Estos movimientos muestran una coordinación interna entre fuerzas congresales, que buscaba garantizar el resultado tras la frustración de la primera votación. La presencia tardía de algunos legisladores y el cambio de postura de otros despertaron sospechas en las bancadas opositoras, que señalaron posibles presiones e incentivos para modificar sus decisiones en el último momento.

Por su parte, el abogado de Delia Espinoza advirtió que la inhabilitación busca, en realidad, limitar su participación en cargos públicos y en el Estado, generando un debate sobre la transparencia del proceso.

Este episodio refleja las tensiones políticas en el Congreso peruano y pone en evidencia la complejidad de los procesos de sanción a altos funcionarios en el país.