El Congreso de la República de Perú ha oficializado la inhabilitación por un período de diez años para ejercer cargos públicos a la exfiscal de la nación, Delia Espinoza Valenzuela. Además, se ha formado una causa penal en su contra, alegando que pudo haber cometido una serie de delitos durante su gestión.

Mediante la publicación de las resoluciones legislativas N° 007-2025-2026-CR y 008-2025-2026-CR, este viernes 5 de diciembre, en el Diario Oficial El Peruano, la fiscal suprema pasará a estar fuera del sector público. Espinoza Valenzuela sostiene que esta decisión responde a una persecución política en su contra.

El proceso se inició con la presentación de la Denuncia Constitucional 528, promovida por los congresistas Fernando Rospigliosi Capurro, José Cueto Aservi y Alfredo Azurn Loayza. La denuncia acusaba a Espinoza de haber incurrido en los numerales 1 y 4 del artículo 159, además de los artículos 38, 103, 109 y 166 de la Constitución.

El informe final que recomendaba su inhabilitación fue aprobado en la sesión del Congreso el 3 de diciembre. Desde el Legislativo, se argumenta que Espinoza Valenzuela violó la ley que modifica el Código Procesal Penal, específicamente el Decreto Legislativo 957, por la publicación y elaboración del reglamento de la Ley 32130. Dicha normativa busca fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales.

El Congreso atribuye a Espinoza la comisión de delitos como abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato y posible instigación al delito de usurpación de funciones policiales. Estas acusaciones se basan en la emisión de la Resolución 2246-2024, fechada el 14 de octubre de 2024.

Por su parte, la defensa de la exfiscal argumenta que la Secretaría de la Junta de Fiscales Supremos presentó un informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en el que se aclara que esta se deslinda de cualquier acuerdo o redacción del documento en cuestión.

Respecto a la medida adoptada por el Congreso, Espinoza la ha calificado como un galardón dentro de su carrera profesional. En una conferencia de prensa, afirmó que «no teme a nada» y que la situación no le causa sentimientos negativos. Por el contrario, expresó que esta experiencia le «da más fuerza».

«Lo de ayer, para mí, es un galardón. No me deprime, no me entristece, y no me van a ver escondiéndome en mi casa. Al contrario, esto me da más fuerzas», declaró Espinoza ante los medios de comunicación.

Asimismo, afirmó que su suspensión de todas sus actividades en el sector público refleja el control que el Parlamento tiene sobre la Fiscalía de la Nación. Además, considera que la medida es totalmente inconstitucional.

«Nuestro Ministerio Público ha sido tomado. ¿En qué sentido? Como mencioné ayer en mi alocución en el Congreso, si se me juzga o se me lleva ante un Pleno por un hecho que no he cometido, eso envía un mensaje directo a todos los fiscales, titulares y no titulares, para que tengan miedo», puntualizó.

Finalmente, Espinoza no descarta la posibilidad de recurrir a instancias internacionales para impugnar las inhabilitaciones, calificándolas como una vulneración a sus derechos fundamentales.