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¿Existe una posibilidad remota o casi inminente de que la doctora Delia Espinoza regrese como fiscal principal?

En la actualidad, la opción de que la doctora Delia Espinoza retome su cargo como fiscal principal no solo es remota, sino que podría considerarse casi inminente. El principal obstáculo es el tiempo necesario para que esto suceda.

Para entender mejor esta situación, es útil analizar un antecedente relevante. Zoraida Ávalos fue inhabilitada por el Congreso en un proceso que, si bien fue grave, resulta en comparación menos complejo. En ese caso, el Congreso le reprochó no haber utilizado una teoría legal que permite investigar a presidentes en ejercicio, teoría que fue establecida por la Fiscalía en el período posterior a su gestión, durante la administración de Pablo Sánchez. Es decir, el Congreso le atribuyó a Ávalos no haber aplicado esa teoría en enero de 2022, cuando en realidad esa normativa aún no existía, ya que fue aprobada en diciembre del mismo año.

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Este escenario guarda muchas similitudes con la situación actual de Espinoza. En su caso, se le atribuye responsabilidad por haber firmado un reglamento elaborado por Juan Carlos Villena, antes de que iniciara su período, y no por haberlo redactado ella misma.

Al igual que Ávalos, Espinoza demandó al Congreso mediante un amparo y logró recuperar su posición. Por ello, no sería extraño que su regreso también se concrete en un proceso judicial similar. La diferencia es que el tiempo es un factor clave en esta disputa.

El reglamento y su contexto legal

Es importante destacar que Espinoza está siendo juzgada por algo que no firmó. Se trata de un reglamento de la Fiscalía que intentaba subsanar un vacío legal en la norma del Congreso, la cual delega en la Policía la investigación preliminar del delito. Este reglamento no contradecía, en realidad, lo establecido por el Congreso.

Al momento de aprobar la ley que devolvió la investigación preliminar a la Policía, se generó un debate complejo. Algunos sectores consideraron que esa norma era inconstitucional y optaron por demandarla. La Fiscalía, por su parte, presentó una acción de inconstitucionalidad, pero decidió aplicar la ley en su contenido mientras se resolvía el proceso judicial.

¿La responsabilidad de Espinoza?

En ese contexto, Espinoza nunca obstaculizó la ley. Aunque no firmó el reglamento, este no representaba una resistencia contra la normativa, sino más bien un acto de adhesión que mantenía vigente la ley durante el proceso de discusión constitucional.

Entonces, ¿cómo se explica la sanción contra ella? La acusación es desproporcionada y, desde un punto de vista legal, injustificada. La Comisión Permanente la acusa de responder por un reglamento que, en realidad, le es ajeno. Se sostiene que su firma sería un acto de desacato o prevaricato, pero esa afirmación carece de sustento.

El proceso y la vulneración del principio de legalidad

El mínimo inquebrantable en los procesos de responsabilidad es que solo pueden sancionarse hechos por los cuales la persona haya sido formalmente acusada. Sin embargo, en este caso, la acusación se basa en un reglamento que Espinoza no firmó y que, además, no fue considerado en la denuncia pública de los congresistas que votaron en su contra.

Este hecho le otorga a la fiscal una base sólida para revertir la sanción, tal como ocurrió en el caso de Zoraida Ávalos.

¿Venganza o capricho?

Desde una perspectiva externa, la situación puede interpretarse como una forma de venganza. Es decir, se le ha sancionado a Espinoza como represalia por haber sido investigada, en un acto que parece más un capricho que una decisión fundamentada en la ley.

Este tipo de acciones, además, evidencian decisiones arbitrarias por parte del Congreso, que desvincula a los implicados del contenido de los hechos y de la acusación misma. La práctica de sancionar sin un respaldo claro y sin respetar los principios básicos del debido proceso es algo que no habíamos visto en extremo antes.

¿Qué implica el concepto de prevaricato en este caso?

Uno de los cargos que se le ha atribuido a Espinoza es el de prevaricato. Sin embargo, resulta fundamental cuestionar si esa acusación tiene un sustento sólido, dado que la fiscal no firmó el reglamento y, por tanto, no fue responsable directo de su contenido.

En conclusión, la situación actual evidencia un uso abusivo de las facultades del Congreso y una vulneración del principio de legalidad, que puede ser revertida en instancias judiciales, tal como ocurrió anteriormente con casos similares.