PJ condena a policías por agresión a Azul Rojas tras 20 años: 17 años de prisión

Sentencia histórica en Perú: 17 años de prisión para agentes involucrados en tortura y violación de mujer trans

Un largo camino hacia la justicia

Treinta y tres meses después de la trágica noche en la que Azul Rojas Marín, activista de la comunidad LGBTI, fue víctima de tortura, violación sexual y agresiones físicas en la comisaría de Casa Grande, en La Libertad, el Poder Judicial peruano condenó a los responsables: Dino Horacio Ponce Pardo, Luis Miguel Quispe Cáceres y Juan Isaac León Mostacero.

La sentencia marca un hito en la historia judicial del país, ya que no solo es la primera vez que la justicia peruana condena a agentes estatales por tortura sexual motivada por prejuicios contra personas LGBTI, sino que también cumple con las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

En 2022, Perú realizó un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y pidió disculpas a Azul y su familia por el daño irreparable causado, en cumplimiento de las disposiciones internacionales.

Los hechos y su impacto

El 25 de febrero de 2008, Azul Rojas caminaba de regreso a su vivienda cuando fue interceptada por efectivos de la Policía Nacional bajo el pretexto de requerir su identificación. Sin motivo legal, fue detenida de manera arbitraria y trasladada a la comisaría local.

Durante su detención, fue sometida a golpes, insultos y agresiones sexuales. Los agentes la desnudaron a la fuerza, la sometieron a violencia física y psicológica, y la violaron con una vara de goma mientras la castigaban por rehusar brindar información y, en particular, por su orientación sexual.

Estos actos constituyeron una tortura sexual agravada, según documentó la Fiscalía. Además, estuvieron precedidos y acompañados de reiterados insultos homofóbicos y humillaciones, evidenciando un ensañamiento motivado por su condición de persona trans y miembro de la comunidad LGBTI.

Las secuelas físicas y psicológicas de estos hechos han sido profundas, dejando marcas que han perdurado a lo largo de los años. La víctima sufrió además el estigma y la revictimización durante el proceso legal que siguió.

Rechazo y lucha por justicia

A pesar de denunciar los abusos poco después de recuperar la libertad, el testimonio de Azul fue desestimado por varias instancias judiciales y la fiscalía nacional. La falta de investigación efectiva, el menosprecio hacia la víctima y la incredulidad ante su relato marcaron el proceso judicial, que duró años.

Frente a esta situación, Azul y las organizaciones que la apoyan —Promsex, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Redress Trust— llevaron la demanda ante instancias internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y posteriormente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reconocieron la gravedad del caso.

La Corte IDH declaró que la detención fue arbitraria y motivada por discriminación, y que los hechos constituyeron tortura sexual. Además, responsabilizó directamente al Estado peruano por no garantizar justicia ni atención adecuada a la víctima, reiterando que la orientación sexual, identidad o expresión de género no deben ser motivos de violencia ni discriminación en ninguna circunstancia.

Avances tras la decisión internacional

Solo después de esta sentencia internacional, las autoridades peruanas reabrieron las investigaciones y llevaron a cabo el juicio contra los responsables. La condena a 17 años de prisión efectiva representa un avance significativo en la lucha contra la impunidad y la discriminación en el país.