El líder del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos, continuará siendo procesado por el delito de asesinato en relación con el caso Las Gardenias. Esto ocurrió después de que el juez de investigación preparatoria nacional, Fernando Váldez, decidiera inaplicar la Ley 32107, que excluye los delitos de lesa humanidad del proceso penal, norma que fue recientemente validada por el Tribunal Constitucional.

El uso de la Ley 32107 y la decisión del juez Váldez

Polay Campos y otros altos mandos del MRTA invocaron la Ley 32107 y la sentencia del Tribunal Constitucional que la respalda, argumentando que el paso del tiempo debería declarar prescrito el caso. Sin embargo, en su resolución, el juez Váldez reconoció que, según el Nuevo Código Procesal Constitucional, los jueces no pueden dejar de inaplicar leyes cuya constitucionalidad ha sido confirmada por el TC, salvo en una excepción específica.

Excepción a la inaplicación de leyes constitucionales

La excepción reconocida por la jurisprudencia del máximo intérprete en diversos fallos establece que la aplicación de una norma validada por el TC puede ser inaplicada si, en un caso concreto y bajo circunstancias específicas, su uso podría resultar inconstitucional. El juez Váldez también señaló que el actual Tribunal Constitucional ha inaplicado leyes que, aunque no alcanzaron los cinco votos necesarios para ser declaradas inconstitucionales, podrían ser consideradas vulneradoras de derechos constitucionales.

Razones para la inaplicación y su impacto en el proceso

Váldez enfatizó que no se trata de cualquier organización, sino de un grupo terrorista responsable de delitos de extrema gravedad, cuyos líderes y mandos intermedios diseñaron y ejecutaron una política criminal sistemática. La inaplicación de la Ley 32107 permitiría que el proceso avance a la etapa de juicio oral, donde existe una alta probabilidad de condena.

Además, consideró que, de no aplicar la ley, nunca se esclarecerían hechos graves como el asesinato de once personas en el marco del caso Las Gardenias. La decisión, afirmó, es proporcional, ya que prevalecen los derechos de las víctimas y el deber del Estado de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos calificadas como delitos de lesa humanidad.

Contexto del proceso judicial

En el proceso judicial contra los líderes y miembros del MRTA, se imputan cuatro hechos ocurridos entre 1989 y 1992 en la ciudad de Tarapoto, San Martín. Todos estos hechos están vinculados a la política de “limpieza social” y “hombre nuevo” implementada por la organización.

• 31 de mayo de 1989: Ejecución de ocho personas retiradas por la fuerza del bar “Las Gardenias” por un grupo armado dirigido por Lino Manrique Luya.
• 30 de septiembre de 1990: Secuestro y asesinato de Luis Alberto Pinche Vásquez, conocido como “Fransua”, un cosmetólogo víctima de su orientación sexual.
• Agosto de 1991: Asesinato de Silvano Vela Carbajal, también por su condición de homosexual, a manos del MRTA.
• 12 de julio de 1992: Secuestro y ejecución de Salomón Pérez Armas, alias “Pacharaco”.

Estos hechos reflejan la violencia y el odio impulsados por la organización terrorista en un contexto de violencia política y social en Perú.

Para más información, puede consultar el reporte completo en Perú21 o en otros medios especializados en derechos humanos y justicia peruana.