EE.UU. afirma que petrolero interceptado en aguas venezolanas financiaba al régimen; Venezuela denuncia piratería

Justificación de EE. UU. por la intervención en el petrolero Centuries

Estados Unidos justificó la operación de la Guardia Costera en el petrolero Centuries, abordado el sábado en aguas cercanas a Venezuela. La Casa Blanca afirmó que la acción fue legal y tuvo como objetivo frenar el flujo de recursos hacia el régimen de Nicolás Maduro. La administración estadounidense sostiene que esta medida forma parte de su política de vigilancia marítima para impedir la evasión de sanciones, especialmente en el comercio del crudo venezolano, sancionado internacionalmente.

La portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, expresó en la red social X que el buque transportaba petróleo de PDVSA y operaba bajo una “falsa bandera”, en el marco de lo que Estados Unidos denomina la “flota en la sombra”. Según Kelly, estas embarcaciones se utilizan para traficar petróleo sancionado. Sus declaraciones respondieron a informes de medios como The New York Times y The Washington Post, que cuestionaron la legalidad de la operación y señalaron que el navío sería propiedad de una empresa con sede en China, dedicada a transportar petróleo venezolano hacia refinerías en China.

## La respuesta del gobierno venezolano y el contexto legal

Desde Caracas, el gobierno venezolano rechazó la versión de Estados Unidos y acusó a las autoridades americanas de cometer un “robo y secuestro” del segundo petrolero frente a sus costas. En un comunicado difundido por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, se denunció que efectivos militares de EE. UU. actuaron en aguas internacionales, involucrándose en lo que calificaron como “desaparición forzada” de la tripulación.

Por su parte, el abordaje del Centuries se realizó bajo mecanismos diferentes a los utilizados anteriormente. A diferencia del incidente con el buque Skipper, registrado y sancionado en diciembre, en este caso el Centuries navega con bandera panameña y no aparece en las listas oficiales de sanciones. Fuentes oficiales citadas por The Washington Post indicaron que las fuerzas estadounidenses actuaron bajo el “derecho de visita”, una figura del derecho marítimo internacional que permite inspeccionar buques sospechosos sin necesidad de una orden judicial previa. Esta legalidad contrasta con el operativo en el Skipper, que fue inspeccionado con una orden de registro y que usaba una falsa bandera de Guyana.

## La percepción internacional y las acusaciones de piratería

Funcionarios estadounidenses consultados por Reuters señalaron que la intervención en el Centuries forma parte de una estrategia de presión internacional. Washington busca desincentivar el traslado de cargamentos ilegales y fortalecer la seguridad en rutas marítimas estratégicas del Caribe y el Atlántico. Sin embargo, el régimen de Maduro consideró la operación como un acto de “piratería” y la calificó como una vulneración a la Carta de las Naciones Unidas, la Convención de Ginebra sobre el Derecho del Mar y otros principios del derecho internacional. Anunció que tomará medidas diplomáticas y legales, incluyendo denuncias ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

## Cuba tilda la acción como “terrorismo marítimo”

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, condenó también la incautación del segundo buque petroquero, calificándola como un “acto de piratería y terrorismo marítimo”. La serie de operaciones navales de EE. UU. en la región han intensificado las tensiones regionales, en medio de la controversia por el comercio de crudo venezolano.

A través de su cuenta en X, Rodríguez criticó la acción como una forma de “irrespeto” al Derecho Internacional y a la libertad de navegación. Alertó que dichas acciones buscan aumentar la presión sobre Caracas y apropiarse de sus recursos naturales, en un contexto de escalada en las tensiones en la región.