La Corte Suprema anula la absolución a los hermanos Sánchez Paredes en caso de lavado de activos

La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia emitida en noviembre de 2023, que había absuelto a los hermanos Santos Orlando, Segundo Manuel y Fortunato Wilmer Sánchez Paredes de los cargos de lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas. La decisión fue comunicada durante el fin de semana por el tribunal supremo, integrado por los jueces Víctor Prado Saldarriaga, Aracelli Baca Cabrera, Dante Terrel Crispín, María Luz Vásquez Vargas y Magaly Báscones Gómez Velásquez.

Recomendaciones y nuevas diligencias

El tribunal ordenó que se designen peritos especializados y que se solicite el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para realizar, en un plazo razonable y suficiente, una nueva pericia sobre la fortuna de los Sánchez Paredes, abarcando desde 1959 hasta diciembre de 2007. Además, se ordena la realización de un nuevo juicio público en el que se valoren en conjunto las pruebas aportadas tanto por la fiscalía como por los acusados, relacionadas con los presuntos vínculos con el tráfico de drogas y el origen de sus bienes personales y empresariales.

Contexto del proceso y consideraciones temporales

Los jueces supremos consideran que, aunque han transcurrido 18 años desde el inicio de la investigación en enero de 2008, este plazo no afecta la razonabilidad del proceso, dado la complejidad del caso. La investigación se inició en 2008, la acusación formal fue presentada en marzo de 2016, y el juicio oral se desarrolló entre enero de 2017 y noviembre de 2023, totalizando seis años de proceso judicial.

El tribunal recomienda al nuevo tribunal evitar prácticas dilatorias, garantizando en todo momento los derechos y garantías constitucionales de las partes implicadas.

Nuevo juicio público y antecedentes

Con esta decisión, los hermanos Santos Orlando, Segundo Manuel y Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, junto con el administrador Jesús Esteves Ostolaza, quienes tienen aproximadamente 80 años, y el sobrino Fidel Ernesto Sánchez Alayo, deberán enfrentar un nuevo proceso judicial para definir su situación jurídica, así como el de siete empresas mineras, ganaderas y de transporte vinculadas al caso.

Incongruencias y deficiencias en la sentencia original

La Sala Penal Suprema anuló la sentencia absolutoria debido a varias incongruencias detectadas en el razonamiento de los jueces de la Tercera Sala Penal Liquidadora de la Corte Penal Nacional. Entre ellas, señalan que los jueces, en diciembre de 2016, concluyeron que existía una relación jurídica procesal válida para pasar a juicio oral, pero en noviembre de 2023 determinaron que la acusación presentaba vacíos en los hechos imputados.

La Corte Suprema indica que estas contradicciones debieron aclararse antes del inicio del juicio. Continuar con un proceso en estas condiciones podría generar indefensión y actividades probatorias difusas, además de ser un contrasentido que afecta la coherencia del proceso.

Asimismo, el tribunal observó que la Sala Superior descartó informes de inteligencia de la Policía y la DEA sobre las actividades de Segundo Sánchez Paredes en Rancho Luna, México, y Percyles Sánchez Paredes en Trujillo, sin analizar las declaraciones de los agentes antidrogas, como Rubén Prieto, quienes suscribieron dichos informes.

Peritajes y análisis de la evidencia

Respecto a los 37 peritajes realizados, el máximo tribunal considera fundamental uniformar sus contenidos para un análisis coherente. Los informes oficiales cubrieron el período de 1990 a 2007, mientras que los informes económicos, financieros y contables de las partes abarcaban desde 1959 hasta 2007. Por ello, se ordena realizar una nueva pericia oficial que abarque toda la información disponible, permitiendo conclusiones comparables y definitivas.

El tribunal también señala que, para probar el delito de lavado de activos con agravante, es necesario demostrar la relación directa o indirecta entre el delito fuente y los actos de lavado. Además, recomienda la incorporación de ciencias auxiliares, dada su capacidad para esclarecer aspectos técnicos y científicos que exceden los conocimientos limitados de los jueces.

Implicaciones y próximos pasos

Con esta resolución, los implicados, incluyendo a los hermanos Sánchez Paredes y otros acusados, deberán someterse a un nuevo proceso judicial en el que se determinará su responsabilidad penal. La decisión reafirma la importancia de garantizar procesos justos y fundamentados, y busca corregir las deficiencias detectadas en la sentencia original.