Delia Espinoza interpone recurso de amparo contra el Congreso de Perú

Presentación de la demanda ante la Corte Superior de Justicia de Lima

La fiscal suspendida del Ministerio Público, Delia Espinoza, ha presentado una acción de amparo ante la Corte Superior de Justicia de Lima con el objetivo de anular la resolución del Congreso que la inhabilitó por 10 años.

Detalles de la denuncia y argumentos legales

En su escrito, Espinoza denuncia que el Parlamento vulneró sus derechos fundamentales, incluyendo el derecho al debido proceso, la motivación adecuada de las decisiones, la imparcialidad del proceso, la defensa, la igualdad y la no discriminación. La demanda fue presentada este lunes 22 de diciembre y busca que la justicia declare la nulidad de la sanción impuesta.

Recurso presentado y contexto legal

El recurso de Espinoza fue llevado ante la Corte Superior de Justicia de Lima. Sin embargo, a pesar de su acción de amparo, el Congreso de la República ha establecido, mediante la Ley 32153, un blindaje legal que limita la competencia en estos casos.

Normativa que complica la resolución del caso

Según la Ley 32153, todas las acciones de amparo contra el Parlamento deben ser dirigidas a la Sala Constitucional de la Corte Suprema, y su resolución se realiza en segunda instancia. Esto implica que, si la primera decisión favorece a Espinoza, el Congreso podrá apelar y retrasar aún más la resolución final, lo que, según expertos, favorece la dilación y la posible manipulación del proceso.

Contexto de la inhabilitación y acusaciones

El Parlamento inhabilitó a Espinoza por una década, acusándola de presuntamente haber participado en la emisión de una resolución en octubre de 2024 que contradecía la Ley 32130. Esta ley otorga a la Policía Nacional del Perú la facultad de liderar investigaciones preliminares por delitos.

No obstante, la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.° 2246-2024-MP-FN no lleva la firma de Espinoza, lo que indica que ella no participó directamente en su emisión. La fiscal suprema ha señalado que dicha decisión fue responsabilidad exclusiva del entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena.

Segunda inhabilitación en marcha

Recomendación de la Comisión Permanente

El pasado 17 de diciembre, la Comisión Permanente del Congreso aprobó un nuevo informe que recomienda inhabilitar nuevamente a Espinoza por 10 años. La decisión contó con 16 votos a favor y 4 en contra, basada en supuestas infracciones constitucionales relacionadas con una denuncia presentada contra congresistas que apoyaron una ley que permitía a exmilitares recibir doble ingreso del Estado.

Fundamentos y decisiones del informe

El informe sostiene que Espinoza habría vulnerado varios artículos de la Constitución al denunciar a parlamentarios por votar a favor de una norma sobre doble percepción de remuneraciones y pensiones. Sin embargo, las acusaciones penales en su contra por presuntos delitos de función fueron archivadas.

¿Qué sigue en el proceso?

El documento será enviado al Pleno del Congreso, donde se decidirá si aprueba o rechaza la segunda inhabilitación. En caso de que se apruebe, Espinoza no podrá ejercer funciones públicas durante los próximos 10 años. Esta sería su segunda sanción de este tipo, sin acumulación con la anterior.

Implicaciones y perspectivas

La situación de Espinoza refleja las tensiones políticas y jurídicas en torno a su caso. La acción de amparo y la normativa vigente generan un escenario complejo que podría prolongar su situación legal y afectar su carrera pública en el futuro cercano.

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