Poder Judicial confirma detención preventiva de Ciro Castillo en caso “Los socios del Callao”

El Poder Judicial ratifica la detención preliminar de Ciro Castillo Rojo

El Poder Judicial confirmó la medida de detención preliminar por 15 días contra el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo. La decisión se tomó en el marco de la investigación por el caso denominado “Los socios del Callao”.

La medida fue ratificada tras la audiencia realizada este martes desde las primeras horas de la mañana, en la cual se evaluó el recurso presentado por Castillo y otros investigados. La Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente del Callao rechazó la apelación de la defensa, confirmando así la orden de detención solicitada por el Ministerio Público. La investigación apunta a delitos de organización criminal y colusión agravada en perjuicio del Estado.

Durante la lectura de la resolución, el magistrado Walter Coello Huamán señaló que la defensa del gobernador no logró demostrar que los argumentos del fallo judicial carecieran de respaldo fáctico o jurídico. Por ello, consideró que la motivación del juez de investigación preparatoria para dictar la detención preliminar permanecía válida.

Asimismo, el tribunal sostuvo que, en esta etapa del proceso, no se requiere un nivel de sospecha tan elevado como el que exige una prisión preventiva. En ese sentido, la Sala consideró razonable la solicitud de la Fiscalía, al entender que existen elementos suficientes para continuar con las diligencias y las medidas que restrinjan la libertad del investigado.

Contexto del Caso “Los socios del Callao”

Ciro Castillo Rojo está siendo investigado en el marco del caso “Los socios del Callao”, una presunta organización criminal que habría operado durante 2023 en el Gobierno Regional del Callao (GORE Callao) y en el Comité de Administración del Fondo Educativo (CAFED) de la misma región.

Según la Fiscalía, al menos 15 funcionarios estarían implicados en estos hechos. La investigación señala que los investigados habrían direccionado y adjudicado contratos públicos sin realizar procesos de selección adecuados, utilizando montos iguales o inferiores a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) para evitar los procedimientos establecidos por la normativa vigente.