En una entrevista con Exitosa, el abogado Humberto Abanto afirmó que su patrocinado, Ral Prado Ravines, excomandante de la Policía Nacional del Perú (PNP), puede postular al Senado en las próximas elecciones, a pesar de encontrarse en prisión preventiva. Sin embargo, aclaró que no asumirá el cargo si resulta electo.

Según Abanto, no existe un impedimento constitucional que impida a Ral Prado presentarse como candidato al Senado para el período 2026-2031. No obstante, advirtió que, en caso de ser elegido y si fuera condenado posteriormente, no podrá ejercer sus funciones, a diferencia de la situación actual, en la que se encuentra en prisión preventiva.

«Sí, no está impedido por la ley. Dudo que vaya a ocurrir (que sea sentenciado), porque la Constitución establece que una persona con una sentencia, incluso en primera instancia, no puede asumir cargos de confianza ni cargos electivos», explicó el abogado.

El jurista agregó que, de acuerdo con pactos internacionales, es posible realizar campañas políticas mientras no exista una prohibición expresa en su estatus actual. Además, señaló que diversos tribunales han precisado que la privación de libertad solo implica el encarcelamiento, pero no restringe otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión, pensamiento o participación política.

El 5 de junio pasado, el mayor Ral Prado Ravines fue detenido por efectivos de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

Se le acusaba de liderar el denominado ‘Escuadrón de la Muerte’ y pesaba sobre él una condena de 35 años de prisión por homicidios bajo falsos escenarios. Sin embargo, dicha condena fue declarada nula, lo que llevó a la apertura de un nuevo juicio oral.

Se le atribuye la organización de simulacros de operativos policiales en varias regiones del país, con la finalidad de obtener condecoraciones, ascensos y beneficios económicos entre 2012 y 2015. Según el entonces coronel de la PNP, Franco Moreno Panta, se reveló la existencia de un grupo liderado por Prado, que, incluso, habría ordenado la ejecución de tres personas tres años antes.