Activos soberanos como garantía de compra: las insólitas exigencias que Pfizer habría puesto a los Gobiernos de América Latina para venderles vacunas

La farmacéutica estadounidense habría pedido eximirse de responsabilidades ante posibles resultados adversos en el uso de los fármacos, según una investigación periodística realizada por The Bureau of Investigative Journalism y Ojo Público.

Una publicación de la organización periodística The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ), en conjunto con el medio peruano Ojo Público, revela que Pfizer, la farmacéutica multinacional con sede en EE.UU., impuso condiciones abusivas a Gobiernos de Latinoamérica al momento de negociar millonarias compras de vacunas contra el covid-19. 

La investigación afirma que, entre las exigencias de la empresa, se pidió colocar en forma de garantía activos soberanos de países, incluyendo propiedades públicas, como embajadas y bases militares, o reservas de bancos federales. Esto, como forma de resguardo ante eventuales demandas por posibles resultados adversos tras la aplicación de las dosis. Frente a ello, una fuente anónima calificó la postura de Pfizer como una «intimidación de alto nivel».

«Una exigencia extrema»

El caso de Argentina, donde los diálogos quedaron truncados, fue uno de los más llamativos. Es que, aunque sea común que los fabricantes de vacunas planteen condiciones para eximirse de la mayor cantidad de responsabilidades legales posibles, desde el Gobierno de Alberto Fernández sostienen que la firma norteamericana se pasó del límite.

«En lugar de ceder en algunos puntos, Pfizer exigía más y más»

En junio, empezaron las conversaciones, y el Congreso aprobó una ley especial para que se indemnizara a Pfizer en caso de demandas civiles, a pedido de la contraparte. Igualmente, para la clase política argentina la compañía sí debía ser responsable ante cualquier conflicto por negligencia o malicia, algo que el grupo privado rechazaba. «En lugar de ceder en algunos puntos, Pfizer exigía más y más», le dijo un funcionario argentino al medio ya citado.

Entre los inesperados planteos, la farmacéutica le solicitó al país que contratara un seguro internacional ante eventuales conflictos. Y en diciembre, llegó la condición que terminó resquebrajando la negociación: pidieron que Argentina colocara sus activos en forma de garantía, algo que podía incluir inmuebles estratégicos y fondos del Banco Central. «Era una exigencia extrema que solo había escuchado cuando había que negociar la deuda externa, pero tanto en ese caso, como en este, la rechazamos inmediatamente», comentó un miembro de la administración peronista. 

De forma pública, el entonces ministro de Salud, Ginés García González, ya había expresado: «Pfizer se portó mal con Argentina». En efecto, el país sudamericano fue usado como sede para los ensayos clínicos de la vacuna, pero hoy la ciudadanía no puede contar con ese producto para combatir la pandemia por la falta de acuerdo. 

«Abusivos»

Según la publicación, un conflicto similar se produjo en las negociaciones entre Pfizer y Brasil. Al ‘Gigante de Sudamérica’ le habrían planteado que, además de disponer de activos soberanos, tendría que depositar dinero en una cuenta bancaria del extranjero para crear otro fondo de garantía. Estos requisitos fueron definidos como «abusivos» por el Ministerio de Salud. Igualmente, el ente regulador brasileño ya aprobó el uso de estas inyecciones a gran escala, aunque la compra está trabada. 

De todos modos, en América Latina y el Caribe Pfizer logró vender su vacuna a nueve países: Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Uruguay y Perú, aunque los detalles de los acuerdos no se hicieron públicos.

«Un Estado no se somete a que otro Estado pueda decidir sobre la confiscación de su propiedad»

Desde Lima, fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron que los planteos de Pfizer fueron distintos a los de otros laboratorios, a pesar del pacto logrado. Por eso, las negociaciones del convenio para adquirir 9,9 millones de dosis —se requieren dos aplicaciones— se extendieron por más de seis meses, en medio de pactos de confidencialidad. Finalmente, el precio se fijó en 12 dólares por cada inyección, es decir, 24 por la vacuna completa. 

Por otro lado, Perú cedió parte de su soberanía y aceptó que ante controversias, otra jurisdicción pueda ejecutar decisiones de un tribunal arbitral. «Un Estado, por regla general, no se somete a que otro Estado pueda decidir sobre la confiscación de su propiedad», subrayó el abogado especialista Eduardo Iñiguez.