Alexandre de Moraes reafirma la independencia del STF ante sanciones internacionales en caso Bolsonaro

El rechazo del STF a las presiones internacionales en el caso Bolsonaro

El juez Alexandre de Moraes, magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), aseguró este viernes que la máxima instancia judicial del país no cederá ante sanciones ni presiones externas en el marco del proceso contra el expresidente Jair Bolsonaro. La declaración se produce en medio de una escalada de tensiones internacionales, después de que Estados Unidos impusiera sanciones y elevase aranceles a productos brasileños.

Durante la primera sesión plenaria de la corte tras el receso de julio en Brasilia, De Moraes reafirmó que el calendario judicial será respetado y que las sanciones exteriores no afectarán el avance del proceso. “El calendario procesal del Supremo no se adelantará ni se retrasará. Ignoraremos las sanciones”, afirmó. Además, el magistrado defendió la independencia del Poder Judicial y enfatizó que la justicia brasileña actuará con firmeza para defender la soberanía y la democracia.

## Presiones externas y sanciones internacionales

De Moraes también denunció que existen intentos de interferencia desde el exterior para influir en las investigaciones en curso. Aseguró que tanto el STF, como la Procuraduría General de la República y la Policía Federal, continuarán trabajando sin ceder a amenazas, sean estas de donde sean. Las sanciones estadounidenses, impuestas bajo la Ley Magnitsky, incluyen el bloqueo de posibles activos del juez en Estados Unidos y la prohibición para ciudadanos y empresas estadounidenses de mantener relaciones con él. Según informaron fuentes judiciales a AFP, De Moraes no posee bienes en ese país.

Estas medidas llegaron tras acusaciones de que la administración estadounidense consideraba una “caza de brujas ilegal” contra ciudadanos y empresas de ambos países. Además, el Departamento de Estado revocó los visados del magistrado y su familia, en respuesta a las restricciones judiciales impuestas a Bolsonaro, que incluyen el uso de dispositivos electrónicos y restricciones en redes sociales.

## Reacciones y contexto político

En paralelo, el expresidente Bolsonaro fue objeto de una serie de acciones por parte de Estados Unidos, que firmó un decreto para imponer un arancel del 50% a ciertas importaciones brasileñas. El gobierno estadounidense justificó estas medidas alegando una “persecución política” contra Bolsonaro, en un contexto de tensiones diplomáticas y judiciales.

El proceso judicial contra Bolsonaro tiene como base acusaciones de que el exmandatario lideró un intento de mantenerse en el poder tras las elecciones de 2022, que fueron ganadas por Luiz Inácio Lula da Silva. De Moraes destacó que las declaraciones y testimonios en el caso han sido transmitidos públicamente, subrayando la transparencia del proceso y rechazando cualquier intento de coaccionar a la justicia.

Investigaciones y declaraciones en el tribunal

De Moraes también hizo referencia a “traidores de la patria” y a una “organización miliciana”, en aparente referencia a Bolsonaro y su entorno, acusándolos de intentar sustituir el proceso legal por presiones externas. Además, mencionó que el diputado federal Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario y actualmente en Estados Unidos, ha reconocido gestiones ante la administración Trump para sancionar a Brasil, supuestamente en apoyo a su padre.

El STF ha abierto nuevas investigaciones contra Jair Bolsonaro y Eduardo Bolsonaro por estos contactos, en una clara advertencia sobre posibles obstrucciones a la justicia. La corte también contó con el respaldo del presidente del tribunal, Luis Roberto Barroso, quien llamó a actuar con “firmeza y rigor” ante los riesgos externos que enfrenta Brasil. El juez Gilmar Mendes expresó su apoyo a De Moraes, resaltando la importancia de proteger los principios constitucionales frente a interferencias extranjeras.

El proceso contra Bolsonaro y sus colaboradores busca esclarecer una presunta conspiración para desconocer los resultados electorales de 2022, con posibles penas que podrían alcanzar hasta 40 años de prisión. El juicio, que aún está en marcha, se espera que concluya en la segunda mitad del año, según el calendario judicial del STF.

(Con información de AFP, AP, EFE y EP)