Conductores de la Ruta B elevan tarifa ante extorsión por cobro de cupos de hasta S/15 diarios

Las extorsiones continúan golpeando al sector transporte en Perú, generando un impacto directo en el bolsillo de los pasajeros y en la economía de los conductores. A pesar de las medidas anunciadas por el gobierno de Dina Boluarte para frenar esta problemática, la problemática persiste y se agudiza en diversas rutas del país.

Desde hace más de dos semanas, los usuarios de la línea B, que conecta Los Olivos con el centro de Lima, han tenido que afrontar un incremento de 50 céntimos en el pasaje. Este aumento no responde a mejoras en el servicio, sino a una necesidad imperante de los conductores de pagar «cupos» a organizaciones criminales que los amenazan y extorsionan constantemente. En varias unidades, los conductores han colocado advertencias con el nuevo tarifario, explicando que el incremento es una medida para evitar ataques y daños a sus vehículos.

En un cartel visible, se lee: “Por extorsiones, los conductores de la ruta Lima-Los Olivos deben aumentar el precio del pasaje en S/0.50 desde el 23 de julio de 2025. Agradecemos su comprensión y apoyo para continuar brindando el servicio, evitando paralizaciones como la ocurrida el 22 de julio”. La mayoría de los pasajeros acepta el incremento, entendiendo que es una medida de supervivencia para los conductores, que deben pagar entre 10 y 15 soles diarios para mantener su trabajo.

El temor entre los conductores es palpable. Muchos prefieren no dar declaraciones por miedo a represalias. La extorsión se ha convertido en un gasto recurrente, y los transportistas afirman que, si no cumplen con los pagos, enfrentan amenazas de violencia o incluso la destrucción de sus unidades. La situación se ha agravado en el último año, tras denuncias de que algunos conductores ya han sido asesinados por negarse a pagar.

Este fenómeno no se limita a una sola línea. En Lima y Callao, diferentes rutas sufren la misma presión, afectando no solo a los conductores sino también a las familias que dependen del transporte público para sus desplazamientos diarios. La práctica de pagar para poder trabajar se ha instaurado como una realidad que, lamentablemente, parece no tener una solución a corto plazo. La persistencia de estas acciones criminales obliga a los afectados a aceptar incrementos en las tarifas para garantizar su seguridad y la continuidad del servicio.