Perú podría imitar a Venezuela si abandona la Corte IDH: la propuesta de Boluarte revive una estrategia del régimen fujimorista

En América Latina, solo dos países han decidido abandonar formalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH): Trinidad y Tobago en 1998 y Venezuela en 2012. Sin embargo, actualmente, el gobierno peruano, encabezado por la presidenta Dina Boluarte, ha reabierto el debate sobre un posible retiro del país del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

Este tema no es nuevo en Perú. Durante el gobierno de Alberto Fujimori, se discutió la posibilidad de retirar la jurisdicción de la Corte, llegando incluso a tomar decisiones sobre la suspensión de su competencia contenciosa, aunque el proceso nunca culminó en una salida definitiva. La iniciativa ha sido recurrente en diferentes administraciones, en medio de tensiones por la interpretación y aplicación de los derechos humanos en la región.

El anuncio reciente del Ejecutivo peruano ha generado opiniones encontradas. El magistrado del Tribunal Constitucional, César Ochoa, advirtió que abandonar el sistema interamericano sería una decisión que, en la historia, solo han tomado regímenes con tendencias autoritarias. En declaraciones a RPP, Ochoa señaló que retirar al Perú implicaría denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un paso que, en su opinión, no sería conveniente para el país ni para sus ciudadanos.

El experto remarcó que los beneficios de mantener la participación en la Corte IDH superan con creces los costos. Recordó además algunos de los casos emblemáticos en los que la Corte defendió derechos fundamentales en el Perú, como la protección del señor Baruch Ivcher, quien fue privado de su nacionalidad para impedirle manejar un canal de televisión, y otros casos relevantes en materia de derechos humanos.

Hasta ahora, solo Trinidad y Tobago y Venezuela han formalizado su salida del sistema interamericano. En el caso de Trinidad y Tobago, la denuncia del pacto en 1998 estuvo motivada por la oposición a la intervención de la Corte en asuntos relacionados con la pena de muerte, en un contexto de alta criminalidad y demandas nacionales por mano dura. Venezuela, por su parte, se retiró en 2012 bajo el argumento de que la Corte emitía fallos parciales y contrarios a los intereses nacionales, afectando la soberanía y la estabilidad política del país.

La discusión en Perú se enmarca en un contexto de tensiones entre la protección internacional de los derechos humanos y la soberanía nacional. Analistas advierten que una salida del Sistema Interamericano tendría consecuencias importantes, como la pérdida de acceso a mecanismos de protección y la posibilidad de que los ciudadanos denuncien violaciones a sus derechos ante instancias internacionales. La decisión requiere un análisis profundo de los beneficios y riesgos, y no debe tomarse a la ligera, advirtieron expertos en derechos humanos.