Uribe condenado a 12 años de prisión: la lucha por la democracia en Colombia en riesgo de caer en la dictadura y el impacto en las Américas

La condena a Álvaro Uribe y su impacto en Colombia y las Américas

Recientemente, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez fue condenado a 12 años de prisión, un fallo que ha generado gran controversia y preocupación a nivel regional. Esta decisión no solo afecta la figura de Uribe, sino que también refleja una estrategia más amplia para deslegitimar a los líderes democráticos y consolidar regímenes autoritarios en la región.

Especialistas y analistas advierten que una de las tácticas más efectivas para instaurar dictaduras es eliminar a los líderes democráticos, debilitando la política y sustituyéndola por populismo. Este método, asociado con el socialismo del siglo XXI o castrochavismo, busca desmantelar las instituciones democráticas y establecer un control por medio del crimen organizado. La sentencia contra Uribe, según algunos, evidencia la fase final de una ocupación ideológica en Colombia, bajo un gobierno que ya muestra signos de un régimen paradictatorial.

La infiltración del crimen en la política colombiana

Desde hace años, criminales de alto perfil —como narcotraficantes, violadores, secuestradores y terroristas— han logrado integrarse en la legalidad del país. Esto ha sido posible en parte por decisiones políticas controvertidas, como el acuerdo de La Habana firmado por el expresidente Juan Manuel Santos, que permitió la incorporación de las FARC en la política y la legalización de actividades ilícitas. La desmovilización no ha acabado con el terrorismo ni el narcotráfico; en cambio, ha facilitado su expansión en distintas áreas del poder.

Mientras estas organizaciones operan con impunidad, el actual gobierno de Gustavo Petro ha mostrado una aparente protección a estos grupos, bajo el pretexto de buscar la paz. En este contexto, la condena a Uribe se presenta como un golpe simbólico y estratégico contra quienes se oponen a esta tendencia, posicionándose como un ejemplo de cómo se busca silenciar a los líderes que defienden la democracia.

Una amenaza que trasciende las fronteras de Colombia

Lo que sucede en Colombia no es un asunto exclusivo del país, sino una problemática que afecta a toda la región y al mundo libre. La persecución política contra Uribe refleja una estrategia para consolidar el poder de las dictaduras castrochavistas, lideradas por Cuba, que pretenden extender su influencia a través de la manipulación judicial y la deslegitimación de sus adversarios.

Este escenario revela una realidad donde las democracias enfrentan una creciente vulnerabilidad. La infiltración del crimen organizado en las instituciones y la utilización de la justicia como arma de persecución generan una situación de indefensión. La experiencia en países como Venezuela, Nicaragua y Bolivia demuestra que no todos los sistemas democráticos están inmunes a estos ataques, aunque algunos intentan resistirlos.

El objetivo final del socialismo del siglo XXI

Los regímenes castrochavistas buscan convertir a criminales y narcotraficantes en políticos, a los matones en líderes y a los sicarios en jueces. La estrategia incluye la infiltración en todos los niveles del poder y la destrucción de los principios fundamentales de la libertad y la democracia. La eliminación de líderes honestos, partidos políticos y valores democráticos es parte de esta falsificación cultural, con el fin de someter a la población.

La persecución del expresidente Uribe es, en definitiva, un ejemplo extremo del “terrorismo de Estado”, definido como el uso ilegítimo de la justicia para crear miedo en la población y manipularla. La utilización de sistemas judiciales para acusar y condenar inocentes se ha convertido en una herramienta para sostener regímenes autoritarios, no solo en Colombia, sino en toda la región.

Por ello, la situación en Colombia es una alerta para las democracias del continente. Aunque aún existe la posibilidad de defenderse y revertir estos procesos, requiere reconocer el peligro y fortalecer las instituciones democráticas frente a las amenazas internas y externas. La defensa de la libertad en Colombia será clave para el equilibrio regional.

*Carlos Sánchez Berzain, Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

www.carlossanchezberzain.com