Tratado de Alta Mar desata un intenso debate en Perú: Gremios rechazan acuerdo que impactaría a un sector clave para la economía del país

El reciente anuncio de la firma del Tratado sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales (BBNJ, por sus siglas en inglés) por parte del Gobierno peruano ha desatado un intenso debate en el país.

Gremios empresariales han expresado su rechazo al acuerdo, argumentando que este podría comprometer la soberanía nacional y afectar negativamente sectores clave como la pesca, que representa una fuente importante de empleo y desarrollo económico descentralizado.

Según los gremios, el tratado, firmado en Niza, Francia, durante la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano, impone restricciones innecesarias y debilita las capacidades de gestión de los recursos marinos del Perú.

El Tratado de Alta Mar, adoptado por la ONU en 2023, tiene como objetivo principal proteger la biodiversidad en áreas oceánicas fuera de las jurisdicciones nacionales, conocidas como alta mar.

Estas zonas, que representan aproximadamente dos tercios de la superficie marítima del planeta, carecían hasta ahora de una regulación internacional sólida que garantizara la sostenibilidad de los recursos y controlara actividades humanas como la pesca industrial, la minería submarina y la bioprospección genética.

El acuerdo busca llenar este vacío legal mediante la creación de áreas marinas protegidas y la implementación de mecanismos para regular dichas prácticas.

A pesar de los objetivos ambientales del tratado, los gremios empresariales peruanos han señalado que su implementación podría debilitar a las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP), en las que Perú participa activamente. Estas organizaciones, según los críticos, han demostrado ser herramientas eficaces para garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos basándose en evidencia científica.

Además, los gremios, representados por Comex Perú, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) han acusado a las organizaciones no gubernamentales (ONG) de impulsar este acuerdo con el propósito de perjudicar sectores productivos como la pesca, lo que, según ellos, podría amenazar la seguridad alimentaria, destruir empleos formales y desalentar la inversión privada.

El canciller Elmer Schialer defendió la decisión del Ejecutivo, aclarando que la firma del tratado no implica su entrada en vigor inmediata. Según explicó, el documento deberá pasar por un proceso de revisión y debate en el Congreso de la República antes de ser ratificado.

Schialer también subrayó que el Perú firmó el acuerdo como Estado no parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), reafirmando que las 200 millas de dominio marítimo del país, protegidas por la Constitución, no se verán afectadas.

Por su parte, la presidenta Dina Boluarte, quien oficializó la firma del tratado, destacó que este representa un compromiso del Perú con la conservación del océano y la sostenibilidad ambiental.

Sin embargo, sectores críticos han cuestionado la falta de consulta previa con actores clave, como el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la Producción, el Instituto del Mar del Perú y los gremios empresariales y laborales del sector pesquero. Según los opositores, esta ausencia de diálogo técnico y consensuado pone en riesgo los intereses nacionales.

El tratado también ha generado inquietud debido a la percepción de que podría limitar la capacidad del Perú para gestionar sus recursos marinos de manera autónoma. Los gremios han advertido que permitir que intereses ideológicos disfrazados de conservación influyan en la toma de decisiones podría socavar la capacidad del país para aprovechar responsablemente sus recursos naturales.

En el contexto global, el Tratado de Alta Mar ha sido considerado un avance significativo en la protección de la biodiversidad marina, especialmente en un momento en que los océanos enfrentan crecientes amenazas debido al cambio climático, la sobreexplotación de recursos y la contaminación.

No obstante, el debate en Perú refleja las tensiones entre los objetivos de conservación ambiental y las preocupaciones sobre el impacto económico y social de las regulaciones internacionales en sectores productivos clave.