¿Cuánto dinero cuesta mantener el narcotráfico en México? Una radiografía del crimen organizado

El narcotráfico sigue representando una de las amenazas más persistentes y costosas para la seguridad y estabilidad en México. El 25 de julio de 2024 marcó un punto de quiebre, la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, desató una violenta lucha por el poder dentro del Cártel de Sinaloa.

Según autoridades de Sinaloa, los hechos más críticos comenzaron a registrarse a partir del 9 de septiembre. Desde entonces, Culiacán es el escenario predilecto de enfrentamientos armados, narcobloqueos, robos de vehículos, secuestros y asesinatos que reflejan el reacomodo de las fuerzas criminales en disputa.

Pese a este panorama, el gobierno federal reportó una disminución en los homicidios, el 8 de mayo, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, informó que los asesinatos dolosos diarios bajaron un 24.9% desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum, de 86.9 en septiembre de 2024 a 65.3 al cierre de abril de este año.

El Instituto para la Economía y la Paz (IEP, por sus sus siglas en inglés), advirtió que el costo económico de la violencia en México alcanzó niveles alarmantes en 2024. Según su más reciente informe, el impacto total ascendió a 4.5 billones de pesos, equivalentes a 245 mil millones de dólares o el 18% del Producto Interno Bruto nacional.

Esto representa un incremento del 3.4% respecto al año anterior, lo que equivale a 149 mil millones de pesos adicionales. “En términos per cápita, el impacto económico fue de 33,905 pesos, superior al salario mensual promedio de un trabajador mexicano”, señala el documento.

Una investigación de InSight Crime publicada en 2024, detalla que la violencia incide directamente en la economía, los homicidios eliminan fuerza laboral y capacidad de consumo, mientras que las víctimas indirectas también suelen abandonar temporalmente sus actividades.

“Los delincuentes que son capturados y encarcelados no contribuyen a la economía legal. Del mismo modo, delitos como la extorsión, el robo y el contrabando sacan dinero de la economía legal y lo ponen en los bolsillos de los delincuentes”, explican los especialistas Liza Schmidt y Jerónimo López.

Además, muchas empresas se ven forzadas a abandonar zonas peligrosas o relocalizarse, afectando la productividad y el acceso al empleo formal.

El deterioro también se refleja a nivel local, de acuerdo con una investigación de El País, la violencia entre facciones del Cártel de Sinaloa ha golpeado el sector inmobiliario en Culiacán, donde hasta hace poco los precios de la vivienda estaban al alza.

Cristina Ibarra, presidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, estimó una pérdida de 23 mil millones de pesos en nueve meses y la eliminación de unos 12 mil empleos formales, según cifras de la Secretaría del Trabajo.

El analista Sam Woolston añade que los estados fronterizos o estratégicos en rutas del narcotráfico, como Colima, enfrentan un impacto aún mayor: “El puerto (de Manzanillo) es bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y el enfrentamiento entre esta estructura criminal, sus rivales y las fuerzas de seguridad ha convertido a la ciudad en una de las más violentas de México”.

Ante el repunte de violencia en el país, el gobierno de Claudia Sheinbaum desplegó una estrategia de seguridad que, según el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, logró resultados relevantes en las primeras semanas de junio.

Entre el 10 y el 22 de ese mes, se detuvieron a 1,233 personas por delitos de alto impacto, incluidos 22 objetivos prioritarios. Además, se decomisaron cerca de ocho toneladas de droga, se destruyeron 48 laboratorios clandestinos y zonas de concentración, y se aseguraron más de un millón 800 mil litros de combustible. Destacó también la detención de Irvin “N”, alias “8” o “Comandante”, operador cercano a Jesús Alfredo “N”, alias “Mochomito”, cabecilla de los Beltrán Leyva.

La llamada Operación Frontera Norte, por su parte, derivó en la captura de 4,619 personas y el aseguramiento de 3,862 armas de fuego, reforzando la línea militarizada de combate al crimen. No obstante, el análisis de Sam Woolston para InSight Crime advierte que esta estrategia ha demostrado ser insuficiente.

En 2024, el gasto militar alcanzó cifras récord, mientras que el presupuesto ajustado por inflación para justicia y policía civil se redujo un 30% y 12%, respectivamente, en la última década.

México destina apenas el 0.7% de su PIB a seguridad civil y justicia, menos de la mitad del promedio de los países de la OCDE, el territorio arrastra además una grave escasez de jueces, lo que ha generado un rezago procesal severo y altos niveles de impunidad.

Aún considerando el gasto militar, el presupuesto asignado sigue siendo mínimo frente al impacto económico de la violencia. “Por cada dólar de impacto económico relacionado con la violencia en 2024, el gobierno destinó apenas 17 centavos en su combate”, afirma Woolston.