Italia y Brasil firmaron un acuerdo de cooperación para combatir el crimen transnacional

Italia y Brasil han sellado esta semana un acuerdo de colaboración en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales. Lo han firmado el fiscal nacional antimafia de Italia, Giovanni Melillo, y la Fiscalía de San Pablo, especializada en la lucha contra el crimen organizado, en particular contra el principal grupo criminal del país, el Primer Comando de la Capital (PCC).

“Es un acuerdo importante en la misma medida para ambos países, porque tenemos problemas y retos comunes que afrontar en este frente”, declaró Melillo a Infobae. “Ya tenemos excelentes niveles de colaboración tanto con la Fiscalía federal como con la Fiscalía del estado de San Pablo y estamos aquí para reforzar estas relaciones”, añadió el fiscal nacional antimafia.

“El PCC es un componente importante de la amenaza que supone la dimensión transnacional de la delincuencia organizada, mientras que la ‘ndrangheta es una de las organizaciones criminales con mayor vocación de expansión de su red a nivel internacional”, dijo a Infobae.

Fuentes de investigación italianas han declarado a Infobae que este acuerdo se suma a los ya existentes a nivel europeo y representa un canal adicional y más rápido para el intercambio de información entre los dos países.

Melillo también participó el miércoles en San Pablo en el seminario internacional “Criminalidad organizada y mercados ilícitos en América Latina”, organizado en la Universidad de San Pablo (USP). También estuvo presente Lincoln Gakiya, el magistrado símbolo de la lucha contra el PCC, fiscal del Gaeco (la Fuerza Especial para la Lucha contra la Delincuencia Organizada) de la Fiscalía de San Pablo. Gakiya lleva más de 20 años trabajando en la investigación de facciones criminales y ha sido amenazado por el PCC en varias ocasiones. “Podemos considerar al PCC ahora como una mafia; es la primera mafia brasileña”, dijo a Infobae, y añadió que “Brasil está creando una legislación antimafia”.

En relación con el debate en curso entre Brasil y Estados Unidos sobre si declarar o no terroristas a los principales grupos criminales del gigante latinoamericano, se limitó a decir que “no hay duda de que el PCC practica actos de naturaleza terrorista”. La referencia no es solo a los motines en las cárceles que en el pasado han dejado cabezas cortadas y cuerpos descuartizados, sino también al famoso toque de queda de San Pablo en mayo de 2006, cuando el PCC puso a fuego y espada la capital financiera del país para protestar contra un traslado de presos. El resultado fue una masacre, con más de 500 muertos.

Para Gakiya, “el tema de la seguridad será decisivo en las elecciones presidenciales del próximo año”, ya que el PCC no hace más que ampliar su objetivo criminal. “Está presente en 28 países; en América Latina está en Paraguay, Ecuador, Colombia, Argentina, México, incluso en Chile, donde la ampliación del puerto de San Antonio, el más importante del país, será sin duda un imán también para la organización criminal brasileña”, dijo Gakiya. Es precisamente la dimensión cada vez más internacional del PCC lo que preocupa.

En el seminario de San Pablo también estuvo presente Gretchen Peters, experta estadounidense en crimen organizado transnacional y directora ejecutiva de la Alianza contra el Crimen Online (Alliance Against Crime Online en inglés). “Brasil presenta una de las situaciones más complejas de Sudamérica. El país se enfrenta a grupos delictivos organizados transnacionales, algunos procedentes de Colombia, otros de Bolivia y otros de Perú, que atraviesan Brasil transportando cocaína y otros bienes ilícitos”, explicó Peters a Infobae. “Esto está provocando un aumento de la violencia en las zonas rurales. Obviamente, en Brasil también hay muchos grupos criminales muy poderosos que, a su vez, causan mucha violencia y daños a las comunidades”, agregó Peters.

El jueves se publicó el informe anual de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que reveló que el mercado mundial de la cocaína ha alcanzado niveles récord, impulsado por Colombia gracias a una expansión significativa de los cultivos ilegales de coca, especialmente en el suroeste del país, donde operan antiguos disidentes de las FARC. La producción mundial ilegal alcanzó las 3.708 toneladas, lo que supone un aumento del 34% con respecto a 2022 y diez veces más que hace una década. En 2023, solo Colombia produjo 2.600 toneladas de cocaína, lo que supone un aumento del 53% con respecto al año anterior. El número de consumidores mundiales ascendió a 25 millones, frente a los 17 millones de 2013. Los principales mercados siguen siendo América del Norte, Europa Central y Occidental y América del Sur, mientras que Oceanía (Australia y Nueva Zelanda) tiene el porcentaje más alto de consumo entre los adultos (3%).

Las incautaciones de cocaína alcanzaron otro récord: 2.275 toneladas, lo que supone un aumento del 68% con respecto a la media de los cuatro años anteriores. Paralelamente, el mercado de las drogas sintéticas también está en expansión, gracias a los bajos costes de producción y a los menores riesgos de detección. Las metanfetaminas representaron casi la mitad de todas las drogas sintéticas incautadas en 2023, seguidas de los opioides sintéticos como el fentanilo. Según el informe de la UNODC en Brasil, entre julio de 2022 y abril de 2023, los nitazenos (especialmente los metonitazenos) fueron las drogas más frecuentemente reportadas en las incautaciones de opioides. También se encontraron mezclados con cannabinoides sintéticos y con cocaína.

La expansión de la cocaína en Brasil está creciendo tanto que el 11 de junio se cerró temporalmente el aeropuerto internacional de Guarulhos-San Pablo, principal centro de transporte aéreo de América Latina. ¿El motivo? En el espacio aéreo aparecieron drones manejados por narcotraficantes para controlar los posibles movimientos de la policía en los alrededores del aeropuerto, mientras algunos cómplices se preparaban para cargar droga en un avión. Según el informe del incidente, tres individuos invadieron la zona restringida del aeropuerto con unos 150 kg de cocaína, destinados a ser embarcados en un vuelo con destino a Johannesburgo, en Sudáfrica. Sin embargo, cuando fueron sorprendidos por el personal de seguridad del lugar, huyeron hacia una zona boscosa dentro del aeropuerto, abandonando la droga. En los últimos años ya se habían producido episodios de cocaína oculta sin el conocimiento de los viajeros en este mismo aeropuerto y, en noviembre de 2024, Vinicius Gritzbach fue asesinado justo delante de la puerta de entrada del aeropuerto, después de haber ayudado al PCC a blanquear millones de reales y haber comenzado a colaborar con la justicia.

A finales de mayo también fue noticia el descubrimiento de un semisumergible cargado de droga en la región amazónica, en la isla de Marajó, en el estado de Pará. El barco estaba destinado al transporte de cocaína hacia Europa. Las investigaciones relacionaron esta embarcación con otro semisumergible incautado en marzo en Portugal, lo que confirmó que ambos habían sido construidos en la misma zona de Pará, con la intención de consolidar una ruta transatlántica. En los últimos años, grupos criminales como el PCC y el Comando Vermelho se han expandido por la Amazonia, aprovechando ríos como el Solimões para transportar droga producida en Bolivia, Perú y Colombia. Además del tráfico, estas organizaciones también alimentan delitos medioambientales, apoyando la tala ilegal y la minería clandestina en la selva amazónica.

A principios de junio, una investigación internacional reveló una sofisticada y altamente organizada red de tráfico de cocaína entre Brasil y Europa, con base logística principal en el puerto de Santos, en el estado de San Pablo, uno de los más extensos de América Latina. La policía española incautó 4 toneladas de cocaína, por un valor estimado de 1.400 millones de reales (255 millones de dólares), y detuvo a 48 personas. La cocaína, procedente de Colombia, Perú y Bolivia, se transportaba a Brasil y se embarcaba en el puerto de Santos. En alta mar, frente a las costas del océano Atlántico, se transfería a “narcolanchas”, es decir, lanchas superrápidas, el llamado método “Go Fast”. La comunicación entre los traficantes se realizaba de forma encriptada y mediante terminales satelitales, mientras que para el abastecimiento de las lanchas rápidas se utilizaba un barco abandonado y semihundido, oculto en el océano, que contenía bidones de combustible. El PCC es considerado el principal responsable de la logística y las exportaciones, entre 4 y 5 toneladas al mes, con unas ganancias anuales superiores a los 5.000 millones de reales (912 millones de dólares). Además de Santos, se están utilizando puertos alternativos, como Salvador, donde recientemente se incautaron 560 kg de cocaína destinados a Suecia.

Según el informe de la UNODC, en Brasil, en 2023, el tráfico de drogas fue el delito más frecuentemente asociado a los crímenes financieros, representando el 31% de todos estos ilícitos. Se trata de un aumento con respecto al 17% registrado en 2014, cuando la corrupción era el delito más citado. “En mi opinión, el punto más vulnerable para el lavado de dinero en Brasil es la falta de controles al crear empresas y, sobre todo, en sus aumentos de capital”, explica a Infobae Fábio Ramazzini Bechara, fiscal del Grupo Especial de Acción para el Combate al Crimen Organizado (Gaeco) del Ministerio Público de San Pablo. “En Brasil, cada día se abren y cierran muchas empresas o se realizan aumentos de capital, pero no hay controles. Es un problema no solo de legislación, sino también de fiscalización”, dice Bechara a Infobae. Siguiendo el ejemplo de la mafia italiana, el PCC también ha entrado en la economía legal. “Ha entrado y mucho, desde empresas de la construcción hasta organizaciones no gubernamentales en el sector de la salud pública e incluso en las casas de cambio de Paraguay”, afirma el fiscal del Gaeco Lincoln Gakiya.

Mientras tanto, el próximo martes, la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados brasileña celebrará una audiencia pública sobre la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 18/25, conocida como PEC de la Seguridad Pública. Esta propuesta tiene como objetivo reformar la estructura de la seguridad pública en Brasil y promover una mayor integración entre los diferentes niveles federativos y las fuerzas del orden. A pesar de las críticas de algunos gobernadores, los expertos consideran que se trata de un paso significativo para combatir la criminalidad en Brasil.