Nicaragua entrega más de 100,000 hectáreas a minera china en zonas protegidas, avanza la destrucción ambiental

Destrucción ambiental en Nicaragua: el régimen de Ortega entrega más de 100 mil hectáreas a minería china en zonas protegidas

En una semana, el gobierno de Nicaragua otorgó tres nuevas concesiones mineras a cielo abierto a la compañía china Thomas Metal S.A.. Estas autorizaciones suman más de 1.000 kilómetros cuadrados en la región sur del país, específicamente en el departamento de Río San Juan, en la frontera con Costa Rica. La publicación de estas concesiones en el Diario Oficial, La Gaceta, fue aprobada por el Ministerio de Energía y Minas.

La concesión más reciente corresponde al lote “El Castillo”, con una extensión de 39.172 hectáreas. Esta fue oficializada este lunes. Se suma a otras dos concesiones anteriores: una de 47.410 hectáreas publicada el martes pasado, y otra de 21.882 hectáreas del pasado viernes. En total, el régimen ha entregado a la empresa china 108.464 hectáreas, en zonas que, según organizaciones ambientales, incluyen áreas protegidas y comunidades indígenas protegidas por la legislación nicaragüense.

Impacto en zonas protegidas y comunidades indígenas

Organizaciones como la Fundación del Río advierten que estas concesiones se ubican dentro de importantes áreas protegidas, incluyendo la Reserva Biológica Indio Maíz, el Territorio Indígena Rama y Kriol, y el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan. Estas zonas forman parte del corredor biológico mesoamericano, un ecosistema clave para la biodiversidad regional.

La ONG denuncia que estos permisos incumplen la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y señalan que no se han realizado estudios ambientales independientes ni consultas previas con las comunidades afectadas, lo cual viola derechos fundamentales y normativas ambientales.

Derogación de regulaciones y posibles efectos transfronterizos

Esta expansión minera se produce después de que el régimen derogara el reglamento que regulaba las áreas protegidas mediante la Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible, aprobada en mayo pasado. La eliminación de esas restricciones facilita la implementación de proyectos extractivos en territorios como Indio Maíz, lo que genera preocupación entre activistas y comunidades.

Además, las concesiones cercanas a la frontera con Costa Rica, específicamente en la zona de Crucitas, han generado inquietudes sobre posibles efectos transfronterizos. La Fundación del Río advierte que estas actividades podrían facilitar rutas de comercio ilícito y aumentar la presión sobre ecosistemas compartidos, afectando el equilibrio ecológico de la región.

Incremento de capital chino y crecimiento del sector minero

El ingreso de capitales chinos en el sector minero de Nicaragua ha sido notable en los últimos años. Desde 2021, el gobierno ha entregado más de 20 concesiones a empresas chinas, que en conjunto abarcan más de 400.000 hectáreas. Hasta finales de 2023, el país había autorizado un total de 299 concesiones mineras, distribuidas entre minería metálica (172) y no metálica (127).

El sector minero también ha impulsado la economía, con exportaciones que alcanzaron los 1.391 millones de dólares en 2024, lo que representa un aumento del 20,1 % respecto al año anterior, según datos del Banco Central de Nicaragua. Sin embargo, estas cifras contrastan con la falta de controles ambientales efectivos y la distribución desigual de los beneficios económicos.

Perspectivas y preocupaciones futuras

Organizaciones como la Fundación del Río, en colaboración con el centro de análisis Expediente Abierto, están preparando un informe que examinará los intereses de las empresas mineras chinas en Nicaragua. El estudio abordará los impactos ambientales, sociales y geopolíticos, especialmente en relación con los territorios indígenas y los ecosistemas compartidos en la región centroamericana.

El avance de la minería en áreas protegidas y territorios indígenas sin la debida consulta y evaluación ambiental plantea serias dudas sobre la sostenibilidad y la protección del patrimonio natural y cultural de Nicaragua. La comunidad internacional y las organizaciones locales continúan vigilando de cerca estas actividades para garantizar que se respeten los derechos y se minimicen los daños ecológicos.