Rwanda acepta hasta 250 deportados de EE.UU. en acuerdo con Trump, plantea preocupaciones por derechos humanos

Rwanda acepta deportaciones de migrantes desde EE. UU., en medio de la política de Trump

Rwanda ha confirmado su disposición a recibir migrantes deportados desde Estados Unidos, en un contexto en el que la administración del expresidente Donald Trump impulsa una campaña de deportaciones masivas. La ministra de Información y Comunicación de Rwanda, Yolande Makolo, anunció que el país acordó aceptar hasta 250 personas expulsadas desde EE. UU., convirtiéndose en el tercer país africano en firmar un acuerdo con Washington para este fin, tras Sudán del Sur y Esuatini.

Makolo explicó que la decisión responde a la historia de desplazamiento en Rwanda y a los valores sociales centrados en la reintegración y rehabilitación. La funcionaria agregó que Rwanda tendrá la última palabra sobre quiénes pueden ser deportados y que las personas seleccionadas recibirán formación laboral, atención médica y apoyo en alojamiento para facilitar su reubicación y contribuir al crecimiento económico del país, uno de los más dinámicos en la región en la última década.

## La política de deportaciones de Trump y sus controversias

Durante su campaña de reelección en 2024, Donald Trump prometió expulsar a aproximadamente 11 millones de migrantes indocumentados que residen en Estados Unidos. Sin embargo, la magnitud de esta tarea ha generado críticas, ya que muchos de estos inmigrantes llevan años integrados en sus comunidades y la infraestructura actual no está preparada para realizar deportaciones masivas de manera eficiente.

Para hacer frente a esta demanda, la administración Trump destinó fondos significativos a proyectos de inmigración. Entre las medidas, destaca la ley “One Big Beautiful Bill”, aprobada en julio, que asignó 45 mil millones de dólares para centros de detención, en su mayoría gestionados por contratistas privados. Además, se destinaron otros 4.100 millones para contratar y capacitar a más agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), junto con 2.100 millones en bonos.

## Críticas y preocupaciones humanitarias

Estas políticas han generado un amplio rechazo por violaciones a los derechos humanos. Organizaciones y expertos advierten que muchos migrantes son deportados sin el debido proceso, con escaso tiempo para presentar recursos legales. Además, algunos son enviados a países terceros donde no hablan el idioma ni tienen vínculos personales, lo que plantea serias preocupaciones sobre su seguridad y bienestar.

Desde el inicio del mandato de Trump en enero, se han reportado deportaciones a países como Panamá, donde algunos migrantes han sido detenidos en hoteles o centros de detención. En marzo, Trump acusó a más de 200 hombres, en su mayoría venezolanos, de ser pandilleros, para justificar su deportación expedita a El Salvador. Sin embargo, abogados han cuestionado esas afirmaciones, señalando que muchas de las acusaciones se basaron en insignificancias como tatuajes o estilos de vestir.

El Salvador recibió unos 6 millones de dólares en un acuerdo para albergar a estos migrantes en su Centro de Confinamiento por Terrorismo (CECOT), donde se han documentado abusos a los derechos humanos. Finalmente, estos hombres fueron liberados en un intercambio de prisioneros con Venezuela, aunque un tribunal federal en EE. UU. continúa investigando si la administración violó órdenes judiciales al permitir esos vuelos.

## Deportaciones a África y nuevos desafíos

En mayo, la administración Trump anunció planes para realizar deportaciones a países africanos, en un intento de ampliar la política de envío de migrantes a terceros países. Inicialmente, se consideró a Libia como destino, pero un juez bloqueó la salida de un vuelo tras cuestionar el proceso legal. La Libia posteriormente negó estar dispuesta a aceptar migrantes deportados desde EE. UU.

No obstante, en ese mismo mes, se enviaron ocho migrantes a Sudán del Sur, país calificado como inseguro por el Departamento de Estado estadounidense. El vuelo fue redirigido a Djibouti, después de que un juez en Massachusetts determinara que los migrantes no habían recibido un proceso adecuado. Estas acciones muestran la complejidad y los riesgos humanitarios de la política de deportaciones que continúa implementando la administración Trump.