Peruano llega a Madrid en busca de futuro y termina viviendo en el aeropuerto junto a otros migrantes sin hogar

Un migrante peruano lleva casi nueve meses viviendo en el aeropuerto de Madrid

Nicolás, un peruano que arribó a España desde Perú hace más de nueve meses con la esperanza de comenzar una nueva vida, actualmente duerme en una banca del aeropuerto Madrid-Barajas. A pesar de su esfuerzo por encontrar un empleo y mejorar su situación, no ha logrado acceder a una vivienda debido a los altos costos y las dificultades administrativas. Al igual que él, decenas de personas sin hogar residen en las instalaciones del aeropuerto, muchos de ellos con trabajos temporales o informales que no alcanzan para pagar un alquiler.

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se ha convertido en un refugio improvisado para migrantes, españoles sin vivienda y trabajadores en situación precaria. Desde el pasado 24 de julio, la empresa pública Aena prohibió que quienes no tengan billete de avión permanezcan en las instalaciones nocturnamente, en medio de la apertura de un albergue temporal con 150 plazas gestionado por el Ayuntamiento de Madrid, que estará operativo hasta octubre. Sin embargo, esta medida no ha sido suficiente para solucionar el problema estructural que enfrentan muchas personas en situación de vulnerabilidad.

Organizaciones sociales critican que estas acciones son solo medidas paliativas y no abordan las raíces del problema. Nicolás relata a la BBC que, además de dormir con la luz encendida, debe luchar diariamente por sobrevivir en un entorno hostil y sin recursos adecuados. Promedia sus días buscando trabajos en obras de construcción, donde suele ganar apenas unos euros que le sirven para pagar el transporte y la alimentación. La difícil situación laboral y económica refleja un escenario cada vez más común entre migrantes con ingresos insuficientes para cubrir el costo de vida en Madrid.

Otros casos son aún más dramáticos. María, de 68 años, viajó desde Venezuela junto a su hijo autista con la esperanza de recibir atención médica. Sin dinero, optó por dormir en el aeropuerto, asegurando que es más seguro que en la calle, ya que no puede dejar solo a su hijo. La escasez de viviendas asequibles en Madrid, donde un apartamento de 40 metros cuadrados puede costar aproximadamente 900 euros, hace inviable que muchas familias y trabajadores puedan acceder a una vivienda digna, dado que el salario mínimo en España es de 1.382 euros mensuales.

La crisis habitacional en ciudades como Madrid, Barcelona y Málaga se agudiza ante la brecha entre ingresos y alquileres. La proporción de personas que recurren a espacios públicos, como el aeropuerto, para dormir y resguardarse del frío o la lluvia, ha aumentado significativamente. En los meses fríos de marzo, se estimó que entre 200 y 400 personas dormían en las instalaciones aeroportuarias, muchas de ellas con empleos pero incapaces de pagar una vivienda.

El fenómeno también afecta a quienes tienen trabajo pero viven en la precariedad. La falta de coordinación entre Aena, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, sumada a las estrictas normativas de acceso a los albergues, deja a muchas personas sin opciones de ayuda. La situación de Miguel, un joven venezolano que llegó en octubre de 2024 y trabaja repartiendo en la ciudad, ejemplifica la realidad: con unos 250 euros mensuales, debe dividir su dinero entre alquiler de trastero, transporte y comida, limitándose a comer una vez al día.

El aumento de temperaturas en verano ha reducido la cantidad de personas en el aeropuerto, pero la problemática persiste. La nueva normativa de Aena limita el acceso nocturno, y muchos migrantes en situación irregular no pueden acceder a los albergues, que requieren empadronamiento o atención social previa. Miguel, solicitante de asilo, denuncia que no puede ingresar al refugio porque no le brindan plaza, agravando aún más su situación.

Organizaciones sociales que trabajan en el aeropuerto advierten que las medidas temporales no son suficientes y exigen soluciones de fondo. La politización del problema, señalan, solo perjudica a los más vulnerables, quienes permanecen en condiciones inhumanas. La crisis habitacional y social en Madrid requiere una respuesta coordinada y efectiva para garantizar derechos básicos como la vivienda y la seguridad.