OEA denuncia que Nicolás Maduro oculta resultados electorales y mantiene un sistema de represión ilegal en Venezuela

La OEA denuncia ocultamiento de resultados electorales y represión en Venezuela

Desde Washington, Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA) confirmó hoy que el gobierno de Nicolás Maduro oculta los resultados oficiales que dieron la victoria a Edmundo González Urrutia en las elecciones del 28 de julio de 2024. Además, la entidad denuncia que el régimen mantiene un sistema de represión ilegal que busca consolidarse en el poder y neutralizar cualquier desafío político.

Informe de la CIDH sobre la situación política en Venezuela

La información fue presentada por Gloria Monique de Mees, relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante una reunión del Consejo Permanente de la OEA. La relatora detalló en un informe de cinco páginas que Maduro sostiene un aparato represivo que actúa contra la oposición para mantener su control absoluto.

Curiosamente, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, no participó en la exposición, a pesar de la relevancia del tema para América Latina. En su lugar, intervino Sebastián Kraljevich, secretario para el Fortalecimiento de la Democracia, con un discurso más formal y menos enfático.

Detalles de la represión y la falta de transparencia electoral

Según la actualización de la CIDH, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha publicado las actas necesarias para verificar oficialmente los resultados que favorecieron a Maduro. Esta falta de transparencia, que viola las leyes nacionales e internacionales, genera dudas sobre la legitimidad del proceso electoral y priva a los venezolanos de conocer la verdad sobre su voto.

La relatora también subrayó que la crisis ha ido más allá de los problemas de transparencia, señalando que se han llevado a cabo actos sistemáticos de represión estatal y graves violaciones de derechos humanos. Maduro, en declaraciones públicas, afirmó que más de 2.000 personas fueron detenidas tras las protestas postelectorales, y el fiscal general confirmó la muerte de 25 civiles en ese contexto. La mayoría de estas muertes ocurrieron por heridas de bala en la cabeza o el tórax, y una por una paliza mortal. Solo una víctima pertenecía a la Guardia Nacional Bolivariana, mientras que las demás eran civiles.

Este informe de la CIDH sigue en desarrollo, pero deja en evidencia el grave deterioro del Estado de derecho y la creciente represión en Venezuela, en un contexto en el que la comunidad internacional sigue exigiendo transparencia y respeto por los derechos humanos en el país.