Transportistas anuncian paro el 11 de agosto en medio de gira de Dina Boluarte por Japón e Indonesia para denunciar aumento de extorsiones

La inseguridad en Perú, en medio de una crisis que parece no encontrar solución, continúa generando preocupación entre distintos sectores de la sociedad. Mientras la presidenta Dina Boluarte realiza viajes oficiales a Japón e Indonesia, en el país la extorsión y los asaltos mantienen en vilo a decenas de familias. La situación ha llegado a un punto en el que un sector de transportistas ha convocado una huelga para el próximo lunes 11 de agosto, exigiendo soluciones concretas a las autoridades.

Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), denuncia la falta de diálogo con el actual ministro de Transportes, Eduardo Malaver. Según afirma, el ministro no ha tomado la iniciativa de convocarlos para abordar la problemática de inseguridad que afecta a sus trabajadores. «No tenemos respuesta, lo que demuestra la falta de voluntad política para resolver este grave problema, que ha cobrado la vida de varios conductores», afirmó Valeriano en una entrevista con Exitosa.

Este paro, que podría involucrar alrededor de 20,000 unidades de transporte de unas 460 empresas en Lima, refleja la gravedad de la situación. La inseguridad también se extiende a otros sectores, como mototaxistas, taxistas ambulantes y boticas, que son víctimas de la violencia y la extorsión. La percepción de impunidad y la ineficacia de las instituciones del Estado, como la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, agravan aún más la problemática.

Julio Raúl, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte del Perú (CONEP), criticó duramente las declaraciones del ministro Malaver, quien atribuye el problema a cuestiones policiales. «Es responsabilidad del gobierno y de las instituciones encargadas de la seguridad. La Policía captura delincuentes, pero la Fiscalía y el Poder Judicial los dejan libres. El país está en total desprotección», afirmó.

Las reuniones con la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, evidencian la difícil coordinación entre las distintas instituciones. Los gremios expresan su preocupación por la falta de respuestas eficaces y por las limitadas acciones tomadas hasta ahora. La inseguridad ha generado que muchos en el sector sientan que el Estado los ha abandonado y que están a merced de la delincuencia.

Por ahora, los gremios reiteran que no han convocado ninguna paralización oficial y sostienen que seguirán dialogando con las autoridades. Sin embargo, advierten que la situación de vulnerabilidad de la población y los empresarios requiere atención urgente. La ciudadanía clama por soluciones concretas y efectivas que garanticen su seguridad, en un país donde la impunidad y la inacción parecen ser la norma.