EE.UU. excluye a 13 millones de inmigrantes indocumentados del censo para redistribución de escaños y fondos federales

El gobierno de EE.UU. planea excluir a inmigrantes indocumentados del próximo censo nacional

El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha anunciado una medida que altera el proceso de conteo poblacional para el próximo censo. Según la orden oficial, el Departamento de Comercio comenzará a trabajar en un nuevo censo que no incluirá a los inmigrantes que residen ilegalmente en el país. La decisión fue comunicada por el propio mandatario a través de su cuenta en la red social Truth Social, donde afirmó: «He instruido a nuestro Departamento de Comercio que inicie inmediatamente la elaboración de un censo altamente preciso, basado en datos actuales… Las personas en situación irregular NO serán contadas en el censo.»

Este cambio tiene un impacto directo en cómo se mide la población en Estados Unidos, ya que tradicionalmente el censo incluye a todas las personas que viven en el país, sin importar su estatus migratorio. La finalidad de la nueva política es excluir explícitamente a quienes no tienen autorización legal para residir en el país, una decisión que genera controversia y preocupación entre defensores de derechos civiles.

## Impacto en la distribución de recursos y representación

La importancia del censo radica en que los datos recopilados son utilizados para redistribuir los escaños en la Cámara de Representantes, según una fórmula establecida por ley. Además, influyen en la asignación de fondos federales y en la determinación de los votos en el Colegio Electoral. Por ello, cualquier modificación en los métodos de conteo puede tener consecuencias a largo plazo en la representación política y en la distribución de recursos a nivel estatal.

El próximo censo está programado para 2030, y sus resultados se divulgarán en 2031, dos años después de las próximas elecciones presidenciales. Hasta ahora, la tradición ha sido incluir a toda la población, sin distinción de estatus migratorio, para garantizar una representación justa en el Congreso y en los recursos federales.

## Antecedentes y reacciones

Este intento de modificar el censo no es nuevo. En 2020, la administración de Trump intentó incluir una pregunta sobre el estatus de ciudadanía en el cuestionario, pero la Corte Suprema bloqueó la medida, argumentando que la justificación era «artificial». Posteriormente, la administración de Joe Biden restableció la política de contar a todos los residentes, independientemente de su situación migratoria.

Críticos de la propuesta actual, como Sophia Lin Lakin, directora del proyecto de derechos electorales de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), han expresado su rechazo, asegurando que «nadie debería ser borrado del censo», ya que la Constitución exige contar a todas las personas residentes en el país.

El costo del último censo en 2020 fue de aproximadamente 13.700 millones de dólares, y movilizó a cientos de miles de trabajadores temporales. Hasta el momento, Trump no ha designado un director oficial para la Oficina del Censo, siendo Ron Jarmin quien actualmente ocupa ese cargo en funciones.

Expertos en demografía y derechos civiles advierten que estas modificaciones podrían afectar de manera significativa la representación política y la distribución de recursos en los próximos años, generando un impacto duradero en la estructura política y social del país.