El Ministro de Cultura enfrenta críticas por fallos en venta de boletos en Machu Picchu y la falta de medidas preventivas en Nasca y Caral

Fabricio Valencia asume la dirección del Ministerio de Cultura en Perú en medio de un panorama desafiante

En septiembre de 2024, Fabricio Alfredo Valencia Gibaja tomó las riendas del Ministerio de Cultura, sustituyendo a Leslie Urteaga. Con formación jurídica de la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialización en patrimonio cultural, además de estudios de maestría en Museología y Gestión Cultural en la Universidad Ricardo Palma, y un posgrado internacional en Patrimonio y Turismo Sostenible en Argentina, Valencia llega con un perfil técnico y experiencia en administración pública. Antes de su nombramiento, ocupó cargos estratégicos en la institución, como jefe del Área de Patrimonio Cultural, asesor del ministro y del viceministro, y participó en la redacción del Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.

A casi un año de gestión, la situación del patrimonio peruano muestra signos de fragilidad. La capacidad institucional para proteger y conservar los sitios culturales está por debajo de las necesidades reales. En 2020, Valencia advirtió que el Ministerio de Cultura tenía identificados más de 20 mil sitios arqueológicos en todo el país, pero carecía de protocolos de intervención y planes de prevención adecuados. A pesar de los años transcurridos, estos problemas persisten, evidenciados por daños en sitios emblemáticos como Nasca, Caral, Machu Picchu y Chan Chan, además de recortes presupuestales y crisis en la gestión.

Recientemente, la reducción del área protegida de las Líneas y Geoglifos de Nasca, anunciada en una sesión del Congreso y posteriormente revertida, generó controversia política y social. La medida, que disminuía en más del 40% la protección de estos monumentos, fue vista como un acto improvisado que puso en duda el compromiso del Estado con su patrimonio. La falta de un plan integral para enfrentar amenazas como el huaqueo, el tráfico ilegal y el vandalismo, sigue siendo un problema sin resolver.

El caso de Caral ilustra otra problemática. La directora de la zona arqueológica, Ruth Shady, denunció que el presupuesto para el sitio se redujo casi a la mitad en 2024, lo que provocó despidos y afectó las labores de investigación y conservación. Además, la escasez de personal de seguridad, que en años anteriores contaba con cinco policías, ahora es prácticamente nula, dejando al sitio vulnerable a invasores y traficantes.

En Machu Picchu, la situación no es mejor. La venta presencial de entradas, limitada a 1,000 diarios, ha sido objeto de acusaciones por parte de operadores informales que ofrecen boletos a precios exorbitantes, generando largas filas y pérdidas económicas para la gestión oficial. Aunque Valencia afirmó en agosto que no se modificaría el sistema actual, la ausencia de una estrategia consolidada evidencia la falta de liderazgo en el sector.

En el norte del país, el Complejo de Chan Chan sufrió la destrucción de 600 metros cuadrados debido a la intervención de maquinaria pesada en zonas protegidas, una prueba clara de la vulnerabilidad del patrimonio ante la falta de vigilancia efectiva y respuesta oportuna. La situación refleja un panorama en el que las acciones del Ministerio parecen centrarse en responder a crisis puntuales, en lugar de implementar un sistema de protección a largo plazo que involucre a comunidades, gobiernos regionales y sector privado.

En conclusión, la gestión de Fabricio Valencia enfrenta críticas por la escasa inversión en investigación, la reducción de recursos y la falta de una estrategia integral. La presencia de daños en sitios emblemáticos y la percepción de improvisación en las decisiones dejan en evidencia que el patrimonio cultural peruano sigue en riesgo, mientras las instituciones encargadas parecen responder más a emergencias que a la protección sostenida y efectiva de su riqueza histórica.